La decisión del Ayuntamiento de Jaén de tramitar 79 actas de infracción por vertidos ilegales en el Polígono Industrial de Los Olivares abre un debate que trasciende el ámbito sancionador. La limpieza, el respeto por el entorno y la convivencia no son cuestiones menores, sino perfectos indicadores del grado de compromiso que una sociedad tiene consigo misma. Es justo reconocer los aspectos positivos de la campaña. En primer lugar, la intervención municipal transmite un mensaje claro: incumplir las normas tiene consecuencias. La posibilidad de imponer sanciones que, en los casos más graves, pueden alcanzar los tres euros e incluso derivar en la comunicación de determinados hechos a la Fiscalía, demuestra que la Administración está dispuesta a utilizar los instrumentos que la ley pone a su alcance para combatir una práctica que deteriora la imagen de la ciudad, perjudica al tejido empresarial y supone un riesgo para el medio ambiente y la salud pública. Sin embargo, conviene no quedarse únicamente en la vertiente punitiva. Las sanciones son necesarias, pero difícilmente resolverán por sí solas un problema que también tiene raíces culturales y de concienciación. Resulta imprescindible preguntarse si existen suficientes facilidades para la correcta gestión de residuos, si la información llega de forma adecuada a empresas y particulares y si las campañas de educación ambiental reciben la atención que merecen. Jaén necesita consolidar una cultura del respeto por lo común. Los polígonos industriales son la carta de presentación de una ciudad que aspira a atraer inversión y generar empleo. Un entorno degradado proyecta abandono.
