Comisión de investigación

Tuvo que ocurrir una desgracia en el puerto de Barbate para que el Gobierno mueva ficha. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció ayer que este verano el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria contará con dos nuevos patrulleros de la serie “Audaz” para la comarca del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz. Es la respuesta al fatal desenlace de un nuevo capítulo de la larga historia del narcotráfico que terminó con dos agentes de la Guardia Civil muertos y seis personas encarceladas.

Es intención del Ejecutivo central, después de las peticiones de dimisión que se suceden y la polémica en torno a la falta de personal de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, poner la potencialidad que tiene España al servicio de la causa común de acabar con una lacra que nunca tendría que haber empezado. Existe, ahora, un compromiso público de incorporar a la flota de la base marítima de Algeciras, antes de que termine este año, dos embarcaciones semirrígidas fueraborda de 6,5 metros de eslora para la lucha del contrabando de tabaco. A esto se suma, a principios del año que viene, otros dos patrulleros, también de la serie “Audaz”, para prestar servicios en las bases marítimas de Vigilancia Aduanera de Cádiz y de Málaga, todo ello por una inversión de ocho millones de euros.

El problema es que el daño está hecho y nadie podrá repararlo, aunque sí estamos a tiempo de poner los cimientos para impedir que, en pleno siglo XXI, ocurran tragedias como la vivida en las costas gaditanas, que por supuesto no puede quedar en el cajón del olvido. Es justo que, tal y como pide la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil), se abra una investigación en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados sobre lo ocurrido en Barbate. Eso es mucho más importante que las dimisiones políticas que se puedan derivar de un hecho noticioso que tiene más responsables que los que iban en la narcolancha.