Ceuta atraviesa una situación que exige mucho más que declaraciones políticas, reproches cruzados o cálculos partidistas. La entrada masiva de personas a finales de julio alteró la vida de una ciudad que, por su condición de frontera exterior de España y de la Unión Europea, afronta una presión que no puede soportar en solitario. Las palabras pronunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía merecen una reflexión serena. Juanma Moreno reclama el retorno a Marruecos de quienes entraron ilegalmente y cuestiona con dureza la respuesta del Gobierno de España. Al mismo tiempo, compromete el respaldo de la comunidad andaluza a la ciudad y anuncia su intención de llevar la cuestión al ámbito europeo. Está claro que la seguridad de la frontera, el control de los flujos migratorios, la relación con Marruecos, la atención a las personas vulnerables y la protección de los menores requieren respuestas distintas y, a la vez, forman parte de un mismo desafío. El Gobierno de España tiene una responsabilidad principal. Le corresponde asegurar la paz, disponer de los medios necesarios, acelerar los procedimientos que permita la legislación y ejercer la presión diplomática que resulte necesaria. La Ciudad Autónoma también tiene un papel esencial. Sus instituciones conocen como nadie la dimensión cotidiana del problema y deben impulsar medidas para atender una emergencia que supera con mucho sus capacidades ordinarias. Andalucía, por proximidad geográfica, vínculos históricos y capacidad institucional, tampoco puede mirar hacia otro lado, lo mismo que Europa tampoco puede permanecer al margen. Hay, además, una cuestión que no admite demagogia: los menores.
