Ceuta vuelve a estar en el centro de la actualidad por una situación que no puede dejar indiferente a nadie. La presión migratoria y las dificultades que atraviesa la ciudad autónoma, especialmente en ámbitos sensibles como la atención sanitaria, reclaman una respuesta que esté a la altura de la dimensión humana del problema. La ministra de Sanidad, Mónica García, niega la existencia de un “colapso sanitario”, aunque reconoce que algunas áreas se encuentran especialmente tensionadas y advierte del riesgo para la salud pública derivado del hacinamiento de migrantes. Más allá de la precisión de las palabras, hay una realidad que no admite demasiadas interpretaciones: cuando los servicios públicos se ven sometidos a una presión extraordinaria y hay personas que viven en condiciones de hacinamiento, no queda más remedio que afrontar un problema que exige soluciones. Está claro que las respuestas no pueden depender de quién gobierna, de quién ocupa la oposición o de quién consigue convertir una situación compleja en un argumento político más eficaz. La inmigración es demasiado seria, dolorosa y humana como para utilizarla como arma arrojadiza. No hay contradicción entre defender unos servicios públicos eficaces y reclamar un trato digno para quienes llegan. No hay que elegir entre una cosa y la otra. Lo que hace falta es más medios, mejor coordinación y una política migratoria que no deje a territorios concretos cargar en solitario con un fenómeno que es nacional y europeo. Ceuta requiere respuestas, no trincheras. Necesita recursos, coordinación, solidaridad y no perder de vista lo esencial: la vida.
