Cambios en la ley del aborto

El Gobierno consiguió sacar adelante, con el voto en contra del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, la reforma impulsada por el Ministerio de Igualdad que recupera el texto aprobado en 2010 y que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso paterno. El texto, que continuará ahora su tramitación en el Senado, elimina la obligatoriedad de informar a las mujeres que acudan solicitando esta práctica y los tres días de reflexión e incluye medidas para garantizar que se pueda realizar en los centros públicos de salud. Para ello, se creará una lista de profesionales objetores de conciencia, igual a la que ya se aprobó en el seno de la Ley de Eutanasia que salió adelante en esta legislatura. Otra de las novedades es que recoge la distribución gratuita de la píldora del día después en centros de salud y de servicios de salud sexual y reproductiva, la promoción de métodos de anticoncepción masculina o derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres. Más allá del límite de edad, la ley del aborto es clara. Se permite la interrupción del embarazo, bajo cualquier circunstancia, durante las 14 primeras semanas de gestación. Hasta la semana 22, en caso de que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de anomalías graves para el feto. No hay límite temporal si se detectan problemas fetales incompatibles con la vida. La sanidad pública debe ofrecer la posibilidad de un aborto gratuito y seguro a todas las ciudadanas. Sin embargo, a pesar de ello, la realidad no siempre se ajusta a lo que permite la ley, que es lo por lo que deben velar las administraciones con competencias en la materia, sobre todo en algo tan sumamente íntimo y emocionalmente difícil.