La tragedia de Urda dejará heridas imposibles de borrar y preguntas que no pueden quedar sin respuesta. El país entero está conmocionado y lo verdaderamente importante en este momento son las vidas humanas rotas por el dolor, víctimas y familiares que merecen todo el respeto, la solidaridad y el acompañamiento de la sociedad. El duelo, sin embargo, no puede convertirse en silencio ni la consternación colectiva en una explicación pasajera. Cuando un accidente de semejante magnitud golpea las infraestructuras que miles de ciudadanos utilizan cada día, la obligación de los poderes públicos va mucho más allá de las condolencias. Urge esclarecer qué ocurrió, por qué sucedió y, sobre todo, qué medidas deben adoptarse para evitar que una tragedia semejante vuelva a repetirse. La investigación tendrá que determinar con precisión las causas del siniestro, examinar los sistemas de seguridad, las comunicaciones, los protocolos de circulación y el estado de conservación de todos los elementos que intervienen en el servicio ferroviario. No caben conclusiones precipitadas ni respuestas interesadas. Tampoco resulta aceptable que las responsabilidades, si las hubiera, se diluyan con el paso del tiempo. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad. El siniestro de Urda vuelve a situar en primer plano que las infraestructuras públicas necesitan una atención permanente. Construir nuevas líneas, ampliar conexiones o mejorar las prestaciones constituye una apuesta necesaria para el progreso, pero ninguna inversión puede considerarse suficiente si no existe un compromiso firme con el mantenimiento, la renovación y la supervisión de las instalaciones. La seguridad se garantiza con recursos, planificación y controles.
