El comienzo del curso escolar 2026/2027 sitúa a la educación andaluza en un escenario de contraste entre los datos de gestión y las deficiencias cotidianas en las aulas. La comparecencia parlamentaria de la consejera María del Carmen Castillo traza un balance de gestión que contrapone el incremento presupuestario y de plantilla a los problemas operativos sufridos por la comunidad educativa en Jaén. El plano cuantitativo refleja avances indiscutibles en la inversión global. Sin embargo, las cifras macroeconómicas atenúan su impacto ante los fallos en la planificación y la gestión del servicio público. La disculpa institucional por el error en la asignación de plazas a los docentes interinos evidencia la fragilidad de un sistema informático que genera incertidumbre laboral y profesional. Del mismo modo, la situación de los Profesionales Técnico de Integración Social (PTIS) y la falta de estabilidad de la plantilla interina señalan deficiencias estructurales que requieren soluciones definitivas y no meros parches de urgencia. Ni que decir tiene que, para la provincia, la falta de transporte escolar a comienzos de curso constituye un perjuicio directo para las familias del medio rural. Anunciar ayudas económicas compensatorias mientras se busca una solución definitiva no resuelve la interrupción inmediata de un derecho básico. El diálogo institucional y el pacto por la educación ofrecido tras el Informe PISA resultan urgentes, pero exigen una condición previa: garantizar con puntualidad y eficacia los servicios más elementales en cada municipio de la provincia. No puede haber pasos hacia atrás en los derechos adquiridos por los que lucharon nuestros antepasados con tanto esfuerzo.
