Acuerdo por la salud pública

El principal quebradero de cabeza que tiene la Junta de Andalucía en este momento es, sin lugar a dudas, el conflicto sanitario. Le ha tocado lidiar a una consejera jiennense, Catalina García, con el caballo de batalla de una legislatura que medirá sus éxitos o sus fracasos en función del devenir de los acontecimientos en algo tan esencial para la vida como es la salud. Está claro que será misión imposible dar respuesta a una demanda asistencial con tendencia al infinito y siempre se podrán utilizar sus deficiencias y sus colapsos como argumentos de desgaste político. En este sentido, la normativa sobre la tarificación de servicios concertados con la actividad privada, con rectificación incluida en el Boletín Oficial, juega en contra en un contexto en el que los contratiempos en la Atención Primaria afloran con manifestaciones y protestas sindicales que tendrán su explosión el próximo día 25 en las ocho provincias andaluzas. Sin embargo, hay una medida que se muestra a favor de un Gobierno que tiene serias pretensiones de arreglar lo que no funciona a través del diálogo. La decisión de liderar el Pacto Social y Económico con sindicatos y patronal conllevará a un acuerdo necesario para mejorar la asistencia sanitaria de primer nivel. La Junta de Andalucía tiene, incluso, fecha para este acuerdo, en abril, antes de las elecciones del 28 de mayo. Lo que el ciudadano no está dispuesto a consentir, en cualquier caso, es que los partidos políticos utilicen la salud para hacer política y, día a día, se vean obligados a enfrentarse a trabas burocráticas para encontrar un cita en su médico de cabecera o con su especialista. Lo peor de la pandemia terminó, pero quedan los coletazos.