A la espera de Europa

La caída de precios del aceite de oliva no es un problema nuevo, pero sí que se perpetúe durante un espacio constante sin que se den las circunstancias objetivas para que sea así. Es decir, los datos de producción mundial y demanda no están acordes con lo que se paga a los productores, la cadena de distribución engorda el precio hasta que llega al consumidor y, mientras tanto, los olivareros están por debajo de los umbrales de rentabilidad que se sitúan en torno a los 2,70 euros. Sin embargo los precios que se pagan a los productores se sitúan en una horquilla que oscila sobre los 2,30. Ante esta situación, las organizaciones agrarias, primero de forma unánime exigieron medidas de calado para frenar estas prácticas que consideran que no son azarosas, sino que están potenciadas por los “mediadores” en el proceso, distribuidores y grandes superficies que hacen negocio y reclamo sobre un producto básico que pone en peligro la economía no solo de los agricultores. A la última manifestación ya no se sumaron todas las organizaciones agrarias, al entender las “disidentes” que las administraciones ya habían recogido el guante de la negociación y había que esperar el fruto. El Gobierno, a través del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, entiende que el sector vive una situación anómala y espera que la solicitud de almacenamiento privado a Bruselas se resuelva lo antes posible. Es esta una opción para que desde la producción se puede autoregular la venta. De nuevo se choca con la cobertura jurídica que pueda tener la decisión del marco de competencia, pero es evidente que el tiempo no corre a favor de los olivareros. La agilidad solo juega a favor de la distribución.