Sánchez: equilibrismo de alto riesgo

La amenaza PP-VOX ha permitido a Sánchez unir al resto de fuerzas para repetir como presidente del Gobierno. Es un gobierno más débil e inestable que, para no caer, necesitará permanentes y complicados acuerdos parlamentarios y las muletas sociales de CC OO-UGT. Es un gobierno de continuidad, al punto de mantener a los ministros más cuestionados como Marlaska (asesinatos en Melilla de inmigrantes, premios a policía y guardia civil por la represión de 2017...), Robles (Pegasus, atentados de BCN y Cambrils con CNI...), para apaciguar a los sectores de policía y FFAA y la derecha. Cabe destacar también la preparación del salto de Escrivá (pensiones de empresa, invento del IPC medio para recortar pensiones...) a vicepresidencia de Economía, si se cumplen las expectativas de que Nadia Calviño pase a presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Y concentración de poderes y ascenso de Bolaños en la supercartera de presidencia, relación con Les Corts y justicia para abordar la ley de amnistía. Las 5 sillas ministeriales que consigue Yolanda Díaz (con 6 diputados menos, consigue las mismas que Podemos en 2020), garantizando el visto bueno del PCE al nuevo gobierno, son a la medida de los empresarios –con quienes se negociarán todas las “promesas” laborales— y nada de profundidad para los trabajadores y clases populares. Nada respecto al presupuesto militar, ni la OTAN... Nada del Sáhara. Y nada efectivo en defensa de Palestina, ya que no exige la ruptura de relaciones y en plena masacre propone cínicamente propone “favorecer las vías diplomáticas que permitan avanzar hacia la paz en Oriente Medio y entre Israel y Palestina”, reconociendo el estado palestino, mientras Netanyahu barre Gaza y los colonos se comen Cisjordania. Eso sí, todo bajo el amparo de resoluciones de la ONU e impulsando a la UE. Y en política interna, “Diálogo social” con CEOE y CC OO-UGT para imponer la paz social que deberá acordar sobre: 1. Reducción de la jornada laboral sin reducir salarios —lo que Calviño ya ha dicho no es prioritario hasta que se consiga “la plena ocupación”—; 2. Para que los sueldos suban “teniendo en cuenta la evolución de la productividad y de los resultados de las empresas”, que es el discurso de los empresarios, 3. Para ampliar los permisos de paternidad y maternidad a 20 semanas, 4. Para estudiar los despidos y 5. Para subir el SMI. Nada de control de precios, ni de detener desahucios, pero sí beneficencia por mantener con dinero público las ganancias de las empresas: Ingreso Mínimo Vital y mantenimiento de los bonos para pagar a las eléctricas (pobreza energética), bonos para transporte, jóvenes, créditos para que compren un piso... Nada de reversión de privatizaciones en sanidad, y en educación. Nada de regulación de inmigrantes a pesar de las 500.000 firmas, y menos mencionar la ley de extranjería, ni los CIEs: eso sí, impulsarán una “Ley contra el Racismo y trabajaremos en favor de un nuevo Pacto de Migración y Asilo a nivel europeo”. Tampoco nada de la ley mordaza. Quizá por eso tampoco hay una línea defendiendo el supuesto referendo pactado en Catalunya que defendían los Comuns. Y una declaración lapidaria viniendo de Yolanda Díaz: “Lo que prometimos en campaña lo cumpliremos”, ¿será como la derogación de la reforma laboral o la de la ley mordaza o ya por eso no se compromete a nada?

A Yolanda Díaz fue un Podemos en ascenso que la propuso para ministra, con un Pablo Iglesias que la aupaba como próxima cabeza de lista de la coalición UP, pese a sus penosos resultados en su tierra, Galiza. Pero ha sido directamente la miembro del PCE, Díaz, quien aceleró la destrucción de Podemos, primero en las listas de las generales, después con la marginación del Gobierno. El sesgo estalinista de Yolanda Díaz le sale por los cuatro costados, no para impulsar una política más revolucionaria, sino para entregarse mejor a la política neoliberal del PSOE, y ratificar, como habíamos dicho, que Sumar es la enésima refundación del PCE y IU. Parece que la liquidación de Podemos también beneficia al PSOE: la socialista Ana Redondo —que se olvidó de las mujeres en su juramento— se queda Igualdad, echando a Irene Montero —ley del sólo sí es sí y Trans— que tanto incomodaba a la derecha y a muchos barones del PSOE; y Sumar, elimina al adversario, con la cínica y humillante propuesta de “incorporarlos” si era con el nombre de su confianza, Nacho Álvarez: faltan calificativos. Podemos, ya en caída libre y ahora desplazado de gobierno, quizás quedará como fuerza residual, ahora que ya el PCE e IU tienen repuesto con Sumar. Para llegar al acuerdo de investidura, Sánchez ha tenido que tensar al límite las contradicciones no sólo internas del PSOE sino con sectores del aparato del estado, que le han declarado la guerra. Incluso él mismo ha tenido que enmendarse, ya que, como le reprocha Feijóo, había dicho que nunca la aceptaría. Una amnistía que es la continuidad de los indultos, que fueron cambio de presos por autonomía y renuncia a la República catalana. Ahora la amnistía, consolida el autonomismo —habla en todo momento de “superación del conflicto”, o sea, pacificación—, incorporando a Puigdemont que, de palabra lo había rechazado, pese a que fue él quien negó la proclamación de la independencia en 2017. Además, tal y como propuso Yolanda Díaz desde el principio, va en la línea de la amnistía del 78, en la que se ponen al mismo nivel verdugos y víctimas, movimientos populares y Estado. La cifra de los posibles amnistiados baila mucho de las 1.432 personas (113 ya condenados, 17 que están pendientes de sentencia y 387 que tienen una causa penal abierta) de Òmnium Cultural, o los 300 de los nuestros y 73 policías de “El País”. En cualquier caso, muy lejos de los 4.000 represaliados, y con serias dudas de si los CDR podrían beneficiarse.

ANDREU PAGÈS