El “caso Dani Campos” saltó a los medios el día 27 de mayo de 2019. Una auténtica vergüenza, el delito, digo. Había pedido el voto para el partido del puño y la rosa, literalmente, en las cercanías del colegio electoral en el que votaba. Un atentado contra la democracia. Tuvo todo el recorrido que un caso como este merece: se filtró el auto, la declaración, y supo de su propia sentencia por los medios de comunicación antes de que nadie se lo comunicara oficialmente. Está claro que un delito como este merecía un castigo rotundo, y así fue. Fue señalado y hubo voces que reclamaron su expulsión inmediata del PSOE. Dice que le sorprendió mucho saber de quiénes venían las filtraciones. Hoy ya no tanto. Pero siempre hubo algunos matices que él creía conveniente aclarar: ese acto deleznable, la petición de voto en jornada electoral, es un delito extinto o inexistente en los países de la Unión Europea, y en casi todo Occidente. Pero aquí sí es delito. Y él lo hizo. Deberíais ver cómo se autoinculpa en el vídeo del juicio, cómo acepta su falta, cómo reconoce su petición de voto. Ni siquiera mintió, como le permite la ley, al reo. Y digo reo porque fue condenado en justicia. Culpable y multa: más de 4.500 euros.
Hoy se pregunta por qué el partido no se ofreció a pagarle el abogado, otros 2.000 euros, hasta el último, pagado de su bolsillo. Ni siquiera hubo el gesto. Por eso hoy, cuando se conocen las presuntas actuaciones de Leire Díez y Santos Cerdán, y de otros cercanos a ellos y cercanos a nosotros, resulta inevitable la comparación de los compañeros que debían vigilar por la protección y defensa de los demás. Parece que las informaciones que se filtran de aquellos que antes filtraban nos muestran que se protegía a unos más que a otros. Sin rasero ético. Y surge, inevitable, una pregunta: ¿Fue correcto intentar influir, presuntamente, sobre miembros policiales, jueces y fiscales para tapar sospechas? ¿E influir sobre testigos con prebendas? La respuesta es evidente e incómoda: no. La coherencia no debería ser opcional. Trato diferente para distintas personas, dependiendo de su “obediencia”. Aunque quizá la diferencia sea más simple: Dani Campos nunca pidió nada al partido. Tal vez por eso estorbaba.
DANIEL CAMPOS LÓPEZ / LINARES
Una respuesta asimétrica
El análisis de las movilizaciones sociales en la España actual pone de manifiesto una contradicción que salta a la vista de cualquiera: la llamativa diferencia de criterio con la que se gestionan las protestas según quién salga a la calle. Mientras que las manifestaciones ciudadanas en defensa de la sanidad, la educación o los derechos sociales suelen encontrarse con una respuesta policial contundente, los actos de la extrema derecha o los brotes de violencia racista se tratan con una desconcertante suavidad.
Lejos de ser una casualidad o el fallo de unos pocos agentes, este doble rasero responde a inercias históricas muy profundas. Los aparatos de fuerza del Estado no se diseñaron para proteger a un ciudadano abstracto, sino para blindar un orden económico y social muy concreto. Por eso, cuando los colectivos progresistas se movilizan, las élites no ven una petición democrática, sino una amenaza a sus privilegios que altera la paz social, convirtiendo al manifestante en el enemigo a batir. En cambio, el extremismo reaccionario no busca derribar el sistema, sino radicalizarlo, por lo que los sectores más conservadores lo perciben como un exceso familiar de los suyos y la respuesta es mucho más tibia.
A esta dinámica se suma una asignatura pendiente desde la Transición. Aunque en su día se reformaron las leyes para adaptarlas a la democracia, apenas se depuró la cultura interna de los cuarteles y comisarías, un entorno donde ha sobrevivido una mentalidad que premia la jerarquía y simpatiza de forma natural con los discursos de orden, mirando con recelo cualquier movilización social. Ante esto, es normal preguntarse por qué los gobiernos legítimos no intervienen para corregir semejante injusticia. La realidad es que el poder político no es absoluto y choca de frente con el llamado “Estado profundo”, esa red formada por la alta administración, la judicatura y las cúpulas policiales, fuertemente respaldada por los grandes medios de comunicación y los grandes poderes económicos tradicionales. Cuando un ministro intenta exigir responsabilidades o cambiar la cultura policial, se topa con un muro de protestas sindicales y campañas de acoso mediático. Por pura supervivencia política y miedo al caos, los gobernantes terminan plegándose, escenificando una dolorosa impotencia democrática donde el sistema demuestra que, ante la duda, sigue prefiriendo la injusticia antes que el desorden.
Frente a este panorama, la solución no pasa por responder con la misma moneda ni caer en la violencia, sino por articular una resistencia democrática y comunitaria desde abajo. La ciudadanía debe fortalecer los lazos de apoyo mutuo para proteger a los colectivos más vulnerables, como los migrantes desposeídos a los que el sistema ignora. Al mismo tiempo, es fundamental utilizar la tecnología, las redes sociales y el periodismo independiente para vigilar, documentar y denunciar públicamente cualquier abuso institucional, sacándolo a la luz. Solo mediante una presión social y electoral constante se podrá obligar a los gobiernos a acometer reformas estructurales valientes en las fuerzas de seguridad. Al final, se trata de ensanchar la democracia en el día a día, demostrando que la verdadera estabilidad de una sociedad no se consigue mediante la represión y el miedo, sino garantizando de forma innegociable los derechos fundamentales y la justicia social para todos.
AGUSTÍN GIRÓN FERNÁNDEZ
Sorihuela del Guadalimar
No hay que negar que en nuestra provincia la pérdida de población es un hecho más que evidente. A pesar de ello, los pueblos de la Jaén vaciada piden paso con nuevos proyectos e ideas con el fin de reinventarse y dar visibilidad y proyección a una red de enclaves con encanto y belleza. Uno de esos municipios de la geografía provincial que ya se ha posicionado es Sorihuela del Guadalimar, a caballo entre las comarcas de Las Villas y El Condado. Pues bien, aquí, en esta pequeña y tranquila villa de 1.000 habitantes, ubicada a unos 102 kilómetros de la capital del Santo Reino, tendrá lugar por cuarto año consecutivo el Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar. La organización ha programado este evento cinematográfico entre los días 8 y 13 de junio. Una cita en la que los asistentes podrán disfrutar de la proyección de 31 cortometrajes seleccionados entre los más de 400 trabajos inscritos. Ciertamente, los amantes del cine tienen una magnífica oportunidad de pasarlo bien con las mejores cintas del panorama nacional y, además, descubrir el patrimonio que atesora Sorihuela del Guadalimar. Y, lo mejor de todo, se celebrará aquí, en nuestro inmenso mar de olivos. ¿Quién dijo que en la provincia de Jaén no hay de nada?
JUAN LIÉBANA / JaéN
