La Iglesia actual no es Iglesia

Con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se consuma uno de los mayores ataques sufridos por nuestra Administración desde la restauración de la democracia como es el desmembramiento del cuerpo de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, que, dicho así, seguramente casi nadie sepa de qué estamos hablando pero si a quien vive en un pueblo le decimos que se trata del secretario del Ayuntamiento seguro que ya sabe de qué va, al que hay que sumar, en ayuntamientos más grandes, al interventor y al tesorero, es decir, estamos hablando nada menos que de los funcionarios encargados de la fe pública y asesoramiento legal preceptivo, del control y fiscalización de la gestión económico-financiera y presupuestaria y de la contabilidad de nuestros ayuntamientos y diputaciones. El desmembramiento de este cuerpo de funcionarios viene vergonzosamente escondido en una disposición final de la Ley de Presupuestos a pesar de que el Tribunal Constitucional proscribe la utilización de esta ley para cosas como esta. Y a través de esta disposición, y sin haber atendido a las reclamaciones del colectivo, el Gobierno le hace entrega al Gobierno Vasco, a instancias del PNV, de todas las funciones relacionadas con ellos, como si de un trofeo se tratase, de manera que a partir de ahora no podrá decirse que sea un cuerpo “nacional” ya que no se podrá trabajar en toda la nación sino que habrá un territorio que quedará al margen del resto, sentando un peligroso precedente que puede acabar teniendo su continuidad en el resto de comunidades autónomas.

En nuestro país, la covid se propaga de un modo totalmente descontrolado, seguramente ya estamos situados en un punto de no retorno. Esto se debe en mi opinión, a la irresponsabilidad de la mayoría de la población, y a la negligencia de la mayoría de autoridades autonómicas y estatales. En España hay aproximadamente diez millones de personas vulnerables, por razón de edad, o patologías que padecen. Somos las víctimas propiciatorias, los efectos colaterales, condenados a vivir a medio plazo, en guetos familiares o de otro tipo. Las autoridades repitieron a modo mantra, durante mucho meses, que, las medidas a tomar siempre serian las aconsejadas por la ciencia. Ya cambiaron el discurso, probablemente presionados por los poderes económicos a quien representan, ya se habla abiertamente de convertir por decreto la pandemia mas importante en mas de un siglo, en un catarro, recordar que en el último mes de diciembre, murieron por covid en España 1.300 personas, no importa, niños y trabajadores a vuestros puestos aunque estéis enfermos, esto se ha terminado. Por si acaso alguien quiere tomar sus propias decisiones en este tema, se propone ocultar la información al respecto, no contaremos infectados, luego vendrá el, no contaremos muertos etcétera, no hablamos de secuelas graves ni falta de atención sanitaria por saturación de servicios. Apagón informativo, la población en la penumbra, no se preocupen duerman tranquilos, nosotros vigilamos por usted. Este es el procedimiento estándar usado en cualquier régimen totalitario. La pregunta es. ¿Qué clase de democracia tenemos en España?

La Iglesia actual no es una congregación de fieles, sino una monarquía absoluta. La Santa Sede “no es juzgable por nadie” (código de Derecho Canónico). El Papa es infalible (Pío XI), sobre cualquier concilio. Después del entierro de Pío, XII, cenando con el padre Lombardi, fundador del Movimiento por un Mundo Mejor, expresé mi deseo de que pronto no fueran ya los notables, los obispos, los que eligieran un nuevo Papa, sino, democráticamente, lo designara el pueblo cristiano. Siendo aún estudiante de Teología, el padre Lombardi me aconsejó paternalmente que escuchara más a mis profesores. Pero le recordé que era el pueblo romano el que elegía al obispo de Roma. Asombrado, —contra los hechos no valen argumentos—, tuvo que asentir. Fueron, en efecto, las enormes desviaciones del espíritu primitivo, máxime por los emperadores Constantino y Teodosio, para someter a su capricho a los auténticos cristianos, las que introdujeron un rígido autoritarismo en lo que solo nominalmente siguió denominándose “Iglesia”. Esa máxima jerarquización, con un poder teóricamente ilimitado, infinito, divino, es
lo que llevó al Papa Inocencio VIII, entre otros, al extremo de atormentar y quemar en la hoguera con buena conciencia hasta a los meros sospechosos
de disidencia. Nada más contrario al fraterno y libre convivir —dentro de sus diferencias e incluso normales divergencias— que hubo en la Iglesia desde el primer día, como describen en detalle los hechos de los apóstoles. Hoy sufrimos todavía mucho la presión de los 17 siglos de
desviacionismo autoritario,
que explica —que no justifica— la fuerte resistencia de los jerarcas eclesiásticos a renunciar
a sus “divinos” privilegios, a pesar de la creciente rebelión
o incluso deserción de sus mismos fieles, “contaminados”
cada vez más por una moral laica más democrática.