El uso de las instituciones públicas como si fueran el salón de actos de un partido es una vieja maña política que, en La Carolina, ha alcanzado un nivel de desfachatez preocupante. La reciente visita de Alberto Núñez Feijóo a la feria no ha sido un simple acto de cortesía institucional, sino el epicentro de un desafío legal orquestado por el alcalde, Cristóbal Pérez, quien ha decidido que su lealtad a las siglas del PP está por encima del respeto a la Junta Electoral de Zona. Al ignorar el requerimiento de retirada inmediata dictado el pasado 14 de mayo, Pérez no solo desprecia la neutralidad exigida en periodo electoral, sino que empuja al Ayuntamiento hacia un conflicto jurídico de consecuencias imprevisibles.
Resulta sonrojante observar cómo se intenta normalizar que el escaparate de nuestra feria se convierta en una extensión de la sede de Génova. Cristóbal Pérez parece haber olvidado que su bastón de mando le obliga a servir a todos los carolinenses y no a actuar como el jefe de campaña de Feijóo. Mantener el contenido electoralista en los canales oficiales tras recibir una orden clara de la autoridad electoral no es una muestra de rebeldía valiente, sino una presunta desobediencia que roza el ámbito penal. La ley es nítida: cuando un servidor público desoye un mandato judicial, el expediente sancionador es solo el principio de un camino que puede terminar en la inhabilitación.
Ante este panorama, la oposición en el Ayuntamiento de La Carolina no puede limitarse a ser una mera espectadora que se contenta con enviar escritos preventivos. Si bien es cierto que advirtieron a la Junta Electoral sobre lo que planeaba el equipo de gobierno, esa labor de vigilancia se queda corta ante el atropello actual. No basta con la queja en redes sociales o el titular efímero; la gravedad de los hechos exige que los partidos de la oposición actúen con una contundencia implacable, acudiendo sin titubeos a la vía civil y penal si fuera necesario para frenar este uso patrimonialista de lo público.
Es el momento de que la Fiscalía tome cartas en el asunto si el alcalde persiste en su negativa a restaurar la legalidad. La política no puede ser un juego de “hechos consumados” donde se pide perdón en lugar de permiso mientras se saca tajada electoral de los actos municipales. Cristóbal Pérez debe entender que las fiestas del pueblo no son su valla publicitaria y la oposición debe demostrar que está dispuesta a defender la dignidad de las instituciones de La Carolina en los juzgados, asegurando que nadie, por muy alcalde que sea o por muy ilustre que sea su invitado, esté por encima de la ley.
AGUSTÍN GIRÓN FERNÁNDEZ
Encuesta sobre la monarquía
El Gobierno de España se niega a encuestar sobre la monarquía, porque sabe que el pueblo no la quiere ya. Lo acaba de confirmar una encuesta en los siete países europeos con ese régimen: España, más que ningún otro, tiene ya un 54% de ciudadanos “poco o nada” satisfechos de ella. ¿Cómo debería actuar, pues, un gobierno realmente democrático?
DIEGO MAS MAS / Madrid