Doloroso

Varias preguntas desagradables flotan en el ambiente político español ante la más que previsible derrota de Núñez Feijóo en su investidura presidencial y la toma de relevo en este mismo cometido por parte de Pedro Sánchez, y su olor fétido se expande por todo el aire respirable, con la sutileza casi invisible —pero muy vigorosa— con que vuela ese humillo que desprenden los excrementos recién depositados, que termina penetrando hasta en las fosas nasales más toscas y groseras. Estas preguntas acogen en su intimidad putrefacta uno de los temas más recurrentes de todos los tiempos: el poder, e interpelan a un personaje en particular, el ya mencionado Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE, hombre dispuesto a pactar una amnistía política y penal con el golpista Puigdemont para alcanzar el poder, es decir, para alcanzar la Presidencia del Gobierno de España. Las preguntas obedecen a una cadencia gradual que va de menos a más y, tal vez, sin ni siquiera responderlas, solo con enunciarlas, consigan trazar una panorámica aproximada del tema que tratamos, del personaje que estudiamos y del partido político que lo respalda, el PSOE. Primera: ¿cuánto cuesta alcanzar el poder? Segunda: ¿acaso no existen límites para alcanzar el poder? Tercera: ¿no son las Constituciones las herramientas que utilizan los Estados occidentales modernos para perfilar esos límites y proteger a la ciudadanía de gobernantes sin escrúpulos? Cuarta: ¿puede ser interpretado como existente en el texto constitucional algo como una amnistía política, que invalida ese mismo texto y que, por tanto, no se menciona expresamente en él? Quinta: ¿cómo se puede estar dispuesto a cometer un “asesinato constitucional” contando además con la complicidad, no con la oposición, unánime de tu partido político, a excepción de algunas voces críticas de viejas figuras sin poder orgánico? Sexta: ¿se puede asesinar una Constitución, fruto del consenso y la concordia, funcionando con éxito durante más de cuarenta años, de manera unilateral, sin previo aviso y oponiéndose, por lo menos, a la mitad de los españoles, solo por alcanzar el poder? Séptima: ¿a qué tipo de desarreglos y desvertebraciones nos conducen actos como éstos y cuáles otros vendrán? Octava: ¿en qué nivel de degradación autoritaria sitúa estos actos al gobernante que los impulsa y al partido político que los respalda? Novena: ¿puede permitir y permitirse España, país con proyectos y aspiraciones nacionales e internacionales, actos tan devaluativos contra su prestigio y reputación? Décima: será formulada, si el amable lector me lo permite, y si puede contener durante breve tiempo su curiosidad, al final de esta redacción. Pues bien, no me caben dudas de que, a pesar de todo, muchos simpatizantes del PSOE seguirán viendo con buenos ojos y justificando la iniciativa de la amnistía a Puigdemont y compañía, suscribiendo de manera fervorosa el argumento infantil de la pacificación de Cataluña postulado por la dirigencia socialista como material de autoconsumo y acallador de conciencias. Pero, en particular, me resulta especialmente doloroso observar cómo un partido político de la importancia del PSOE en nuestra trayectoria democrática, que aportó padres constitucionales como Gregorio Peces-Barba o Jordi Solé Tura (PSC), que realizó las transformaciones económicas y sociales más importantes de nuestra Historia, que ha defendido con uñas y dientes nuestro ordenamiento jurídico constitucional cuando aquel terrorismo de los “años de plomo” nos arrasaba, poniendo víctimas ensangrentadas por defender la unidad territorial de España y que ha articulado un Estado moderno basándose en la redistribución de la riqueza y la igualdad de sus ciudadanos, resulta doloroso, como digo, ver a este partido arrastrarse por los suelos por unos pocos años más de estancia en el poder, traicionando su gran obra constitucional y de gobierno al echarse en brazos de las demandas inasumibles de Puigdemont, otro gran traidor a España y Cataluña. Porque: ¿acaso no nos enteraremos nunca de que Puigdemont no es otro que Jordi Pujol, con más pelo y menos años, pero otra vez Jordi Pujol, quien solo trabajó para él, su familia y sus compinches?

FRANCISCO ABRIL PALACIOS / Jaén

Negar la implacable realidad

Cuando el ser humano afronta uno de sus mayores desafíos para perdurar como especie, sería nefasto que nos gobernasen quienes niegan, banalizan y desdeñan la cruda realidad de la emergencia climática que asola a diario el mundo, una situación acuciante que está ya para quedarse, que no es un invento a pesar de que se empeñen algunos en banalizar con ello; y que, en el futuro, sufriremos todavía más que en la actualidad: merma de turismo, sequías que abrasarán cosechas, lluvias torrenciales, reventones térmicos y húmedos, interminables olas de calor y frío, megaincendios... en suma: clima extremo que acarreará tragedias personales y gran daño económico. Además, tenemos por delante otro gran reto: la infame violencia machista. Hoy, allá donde gobiernan dándose la mano, la ultraderecha (Partido Popular) y la derecha extrema (Vox), ya están imponiendo medidas retrógradas en ambas materias, como son la eliminación de las tibias medidas existentes de movilidad sostenible, retirar ayudas a las víctimas de la violencia de género o vetar obras de teatro y cine. Es nefasto premiar con nuestros votos a quienes quieren imponer en España una plutocracia negacionista.

MIGUEL FERNÁNDEZ-PALACIOS

Una amnistía muy rentable

En el debate sobre la amnistía estoy viendo más odios que sumas y restas de dinero, y eso tampoco es bueno porque la judicialización del Procés nos debe estar costando un pastizal, hasta el punto de que nadie, que yo sepa, ha sido capaz de hacer unas cuentas medianamente creíbles. En cambio, sí se acusa mucho a los independentistas de arruinar Catalunya siendo ellos catalanes, pero no recuerdan que fue Rajoy quien aprobó el decreto para que las grandes empresas pudieran seguir en el Reino de España huyendo de allí. Si una pronta amnistía no lo remedia, será cosa de empezar a preocuparnos por lo mucho que nos van a terminar costando los expedientes judiciales que siguen abiertos contra cientos o miles de independentistas, que ni unos ni otros saben cuántos. Y no solo eso. Son incontables los perjuicios a terceros ocasionados por los retrasos de una Justicia que ya es muy lenta desde siempre y que, al aumentar su carga de trabajo, terminarán pagando justos por pecadores, con p de políticos españolistas que no quieren negociar porque no tienen que pagar de sus bolsillos los gastos jurídicos. Y otra más. Resulta que también habría que mantener con vida a los presos que resulten condenados, aunque sean catalanes. Otro coste del que también se olvidan los partidarios de reducir el gasto público.

DOMINGO SANZ