Vivienda asequible
Es bien sabido que uno de los principales problemas de nuestra sociedad es el acceso a la vivienda. Tanto el precio de compra como el del alquiler se han disparado hasta niveles inaccesibles para la clase trabajadora, lo que genera un grave perjuicio, especialmente entre los jóvenes. Según los expertos, la tasa de esfuerzo —el porcentaje de ingresos destinado al pago de la vivienda— no debería superar el 30%. Si el salario medio en la provincia de Jaén ronda los 1.300 euros mensuales, el coste de la vivienda no debería exceder los 390 euros al mes.
Este encarecimiento responde, principalmente, al desequilibrio entre oferta y demanda. Parte del problema de la oferta deriva de una gestión inadecuada del suelo, mientras que el exceso de demanda se explica, en buena medida, por fines especulativos de inversores que ven en el ladrillo una fórmula segura para proteger sus ahorros. Este desajuste debe corregirse teniendo en cuenta que la vivienda afecta a un derecho básico. También lo son la sanidad o la educación, donde el gasto público supera el 90%, mientras que en vivienda la intervención pública es prácticamente residual.
Esta semana, el Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén ha abordado esta cuestión en unas jornadas específicas. En ellas se expuso una fórmula ampliamente extendida en Europa: las cooperativas de uso o cohousing, que contribuyen a corregir estos desequilibrios. Se trata de una evolución del modelo tradicional de cooperativas de viviendas, priorizando el derecho de uso frente al de propiedad. Las cooperativas de viviendas son fórmulas de autopromoción colectiva que permiten cierto ahorro al eliminar el margen del promotor. Sin embargo, el modelo cohousing va más allá: la cooperativa construye las viviendas y las alquila a sus socios, manteniendo la titularidad colectiva del inmueble. El éxito de esta fórmula es tal que los Fondos Next Generation de la Unión Europea, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incentivan su creación con ayudas que pueden alcanzar hasta el 50% del coste de construcción.
El sistema consiste en que los ayuntamientos creen un registro público de demandantes de vivienda no propietarios. El consistorio cedería el suelo a la cooperativa por un periodo de 75 años, con la obligación de destinarlo a vivienda. La construcción se financiaría al 50% con fondos europeos y el resto mediante financiación bancaria. El socio abonaría a la cooperativa una cuota equivalente al coste de la financiación privada, que podría situarse en torno a 4 euros el metro cuadrado —unos 300 euros por vivienda—, manteniéndose estable durante la vida del préstamo. Una vez amortizada la deuda, la cuota se reduciría a un importe similar al de una comunidad de propietarios.
No se trata de viviendas sociales gratuitas, sino de proyectos adaptados a las necesidades y decisiones de sus socios, que participan activamente en el diseño y gestión del modelo.
En la medida en que entendamos que la vivienda es un derecho y no un mero producto financiero, evolucionaremos como sociedad e invertiremos en activos con mayor rentabilidad humana, como la investigación en Ciencias de la Salud.