Una chapuza ideológica

El Gobierno terminó el año pagando las deudas contraídas con sus socios precipitadamente para entrar con los deberes hechos en el electoral 2023. Modificar el sistema punitivo es jugar con fuego; hacerlo a demanda y confiar la tarea prelegislativa a aficionados teñidos de ideología, puede ser explosivo; cambiar normas —fusionar tipos delictivos— y alterar el sistema de penas y sus tramos requiere de estricta aplicación de la técnica jurídica y legislativa, que no puede hacerse a la ligera, sin estudios previos para insertar el proyecto en el ordenamiento jurídico y sin oír a los operadores jurídicos —al menos a jueces, abogados y fiscales— que deban aplicarlas. La lacra de la violencia en el ámbito familiar o de género es de todo punto execrable; cualquier medida para evitarla es necesaria, lo que no exime del deber de hacerlo bien. Legislar no es fácil y requiere sosiego en la propuesta y en la discusión parlamentaria; no caben experimentos feministas improvisados ni trochas; los errores son previsibles e irreversibles —reducciones de penas y excarcelaciones— perjudican a las víctimas y protegen a los victimarios, como ha ocurrido. La chapuza tiene que enmendarse por los que saben.