Subsidios: lo que sigue igual

Que los subsidios sociales son necesarios es indiscutible, especialmente para situaciones vulnerables o para quienes las opciones laborales no terminan de llegar. En España, el sistema social presenta una debilidad evidente. Por un lado, la escasa exigencia de un compromiso real de búsqueda de empleo para quienes pueden trabajar, y por otro, la falta de eficiencia en la gestión. El nuevo real decreto de marzo avanza tímidamente en esa dirección al señalar que «las personas beneficiarias estarán comprendidas en políticas activas de empleo», pero evita establecer la obligación de participar. Respecto a la gestión, la norma plantea la coordinación entre administraciones públicas para ese objetivo previo, pero no para una mayor celeridad. Las resoluciones pueden alcanzar los seis meses de espera. Esto cronifica la precariedad, obligando a muchas familias a endeudarse o depender de su entorno. En otros países europeos, como en el Reino Unido, la exigencia es mayor: se condiciona la prestación a la acreditación semanal de la búsqueda de empleo. Ahora bien, el primer pago llega en una semana, porque la urgencia no se gestiona: se atiende. En nuestro país, una vez más, la normativa no está a la altura.