Ruido de infames

Por si queda alguien en este país que todavía no quiere enterarse de cuáles son los intereses políticos y electorales que motivan al Partido Popular en su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de un lustro caducado, puede tomar como ejemplo para disipar todas sus dudas el recién archivado caso de Mónica Oltra. Esta política fue imputada con acusaciones que nadie creía y aun sin pruebas que avalaran al denunciante, se vio obligada a dimitir de su cargo en la Generalitat valenciana. Dos años después, el juez ha dado carpetazo al asunto admitiendo que nunca existieron indicios del delito de encubrimiento por el que fue encausada. El mismo hilo conductor que hilvana esta exposición de uso delictivo de la administración de justicia con fines políticos, nos lleva a los casos de Ada Colau, Alberto Rodríguez, Vicki Rossell, y el caso “Neurona” contra Podemos. Todos estos casos siguen el mismo “modus operandi”: denuncia falsa y sin pruebas, dilación del proceso judicial, escarnio público en los medios conservadores y por último, el cierre y archivo de la causa. Mientras, en la balanza, sigue pesando más la infamia que la justicia.