Responsabilidad social

Durante la pasada “fiesta de la primavera” a la que nos invitó Eleuterio Muñoz, presidente de Diario JAÉN, conversé con Socorro Mármol Brís sobre la necesidad de distinguir entre la rentabilidad económica de cualquier proyecto de infraestructuras o empresarial y la rentabilidad social de los mismos, así como sobre la importancia de la responsabilidad social de toda empresa o corporación, pública o privada. Me ofrecí a mi amiga a reflexionar sobre el tema y a traer a esta columna alguna escueta aportación. Aquí está. La rentabilidad económica hace referencia a la capacidad de los activos de una empresa para generar beneficios a los promotores del proyecto o propietarios de la misma. La rentabilidad social, por su parte, mide el impacto positivo que una actividad o inversión genera en la comunidad y va más allá del mero beneficio empresarial, ya que hace referencia a sus efectos sociales y ambientales, además de los económicos. En suma, se trata de hacer compatible la creación de valor económico con el bienestar social y el desarrollo sostenible. En lo concerniente al capítulo de las infraestructuras, el economista Ginés de Rus viene a decir que éstas contribuyen al bienestar social cuando cumplen una condición muy simple: “los beneficios sociales han de ser mayores que sus costes sociales”. La sociedad suele contemplar las infraestructuras con un cierto sesgo consistente en la creencia de que cuanto más, más grande y de la última tecnología, mejor será el proyecto, olvidándose del concepto de “coste de oportunidad” del dinero público, que no es otra cosa que el valor de la mejor oportunidad a la que se renuncia al tomar una decisión, viniendo a representar los beneficios perdidos de la opción no elegida. En mi columna del pasado 9 de abril abogaba sobre la necesidad de evaluar las políticas públicas. Ahora vuelvo sobre tal cuestión, reiterando que se deben evaluar los proyectos de inversión pública, de manera que se eviten los de dudosa rentabilidad social, destinándose los recursos públicos a inversiones en las que los beneficios sociales compensen el coste de oportunidad de su utilización. En suma, que se tenga en consideración la rentabilidad social de cualquier proyecto de inversión pública. La rentabilidad social no solo concierne al ámbito de lo público, afectando también al privado, al empresarial. En la actualidad se ha acuñado bajo el concepto de “responsabilidad social corporativa” (RSC). Es un concepto de gestión empresarial que hace referencia a la responsabilidad que las empresas asumen respecto al medio ambiente y a la sociedad en la que operan. La RSC se concibe como la participación voluntaria y proactiva de las organizaciones en el desarrollo social, económico y ambiental, yendo más allá de las exigencias legales e implicando un compromiso consciente con la generación de efectos positivos en la sociedad. Asimismo, estas prácticas suelen contribuir a fortalecer la competitividad empresarial y a incrementar el valor que la empresa aporta al entorno. En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala las principales responsabilidades éticas de las empresas con los trabajadores y con la sociedad: obtener productos útiles y en condiciones justas; respetar los derechos humanos con unas condiciones de trabajo dignas que favorezcan la seguridad, la salud laboral y el desarrollo humano y profesional de sus empleados; respetar el medio ambiente, evitando la contaminación, minimizando la generación de residuos y racionalizando el uso de los recursos naturales y energéticos; mantenimiento de la ética empresarial y lucha contra la corrupción; correcto uso del agua; asunción del cambio climático, etcétera. ¡Ahí es nada!

Consecuentemente, las empresas no solamente deben buscar la legitima rentabilidad económica de su actividad, sino que también han de alcanzar la rentabilidad social a través de una responsabilidad social comprometida. De la misma manera, los proyectos públicos no solo deben buscar la rentabilidad política o electoral de los mismos, sino que ante todo han de perseguir su rentabilidad social.

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