Regreso al Catón
Hoy inicio esta colaboración con Diario JAÉN bajo el epígrafe de Catón, eminente político y escritor romano conocido por el apodo de censor, aunque la columna no hace referencia a él, sino al significado de la palabra: censor severo con crítica constructiva y, en ese sentido, voy a abordar la necesidad de un pacto educativo en España, algo inaplazable en los tiempos que vivimos. Con la aprobación de nuestra propia Constitución se formalizó el primer pacto educativo en nuestro país que quedó formalmente explícito en el artículo 27 de la misma. Desde entonces han sido numerosos los esfuerzos para lograr un pacto escolar que pueda armonizar, entre otras cuestiones, la estabilidad normativa, el incremento del gasto en educación, la cohesión territorial, la autonomía institucional y la calidad y equidad de una educación comprometida con los valores constitucionales. Es en definitiva, la sociedad en su conjunto, con sus propensiones ideológicas y culturales diversas, la que debe ocuparse y preocuparse de su sistema educativo, dentro del marco de la agenda de política educativa de la Unión Europea en la que se pone claramente de manifiesto la necesidad de la inversión en educación para lograr una sociedad del conocimiento en la que creación, innovación y transferencia serán los factores clave que impulsen el avance social. Parece obvio que los sistemas educativos deben adaptarse tanto a las demandas de la sociedad del conocimiento como a la necesidad de mejorar el nivel y calidad del empleo.
La política europea de cooperación en el Marco Estratégico 2020, ofrece la oportunidad de desarrollar las mejores prácticas en materia de política educativa basándose en el aprendizaje permanente y el fomento de la igualdad, la cohesión social y la ciudadanía activa con el objetivo de fomentar la innovación y el emprendimiento en todos los niveles de la educación. Sin embargo, el recorrido de Leyes Orgánicas y Generales que han venido regulando la educación en España durante los últimos 40 años ha sido demasiado amplio y siempre sujeto a la alternancia política que ha generado muchos vaivenes ante la tentación, siempre constante, de deshacer lo que otros hicieron anteriormente. Es cierto que resulta legítimo que puedan llevarse a cabo diferentes políticas propias de una ideología determinada pero ello no debe suponer la alteración de unas líneas nucleares compartidas por toda la ciudadanía y por todas las formaciones políticas. No debemos dar la sensación de que cada titular del Ministerio de Educación sienta la “dulce tentación” de promover su propia Ley de Educación. Ha sucedido y sigue sucediendo en la actualidad. Lo veremos pronto. Necesitamos, por tanto, una estabilidad normativa de amplia base parlamentaria y social que asegure el funcionamiento de la educación en nuestro país y una buena gestión para la mejora educativa que la ciudadanía defiende, no exenta de un alto grado de autonomía de las propias instituciones escolares para poder adaptarse a las singularidades y características del alumnado, y de una adecuada dotación de recursos.
La educación es algo tan sensible, que no puede regirse desde planteamientos políticos parciales. El profesor Puelles ya indicaba hace algunos años que “consenso y disenso constituyen el haz y el envés de una misma realidad”. Si somos capaces de superar la comprensión del fenómeno educativo como un bien privativo, ya sea individual, cultural o territorial, y armonizarla con una comprensión del hecho educativo como un fenómeno público que afecta por igual a todo el Estado, desde una concepción abierta y de respeto a la diversidad cultural, estaremos en la base de la negociación de un Pacto Educativo de Estado por la Educación. No es un asunto fácil pero sí necesario e inaplazable.