Prórroga presupuestaria
Tras la convocatoria de elecciones en Cataluña para el mes de mayo, a las que precederán las del País Vasco en abril, y las que se realizarán en junio al Parlamento Europeo, el gobierno ha decidido mantener la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 para todo el año 2024 y empezar a diseñar y negociar con sus aliados parlamentarios los de 2025. La decisión es lógica, dado el endiablado calendario electoral, la debilidad del gobierno y su dependencia de los grupos nacionalistas e independentistas que se han de enfrentar en las urnas durante los próximos meses. Ahora bien, que la opción de la prórroga sea lógica, no significa que carezca de impacto sobre la evolución de la economía española y que no complique el cumplimiento de los compromisos de España con la Unión Europea. No es la primera vez que se prorrogan unos PGE; en concreto, esta sería la novena ocasión desde restablecimiento de la democracia en España, tras las realizadas en 1979, 1983, 1996, 2012, 2017, 2018, 2019 y 2020, aunque en alguna de esas ocasiones sí que se aprobaron unos presupuestos dentro del ejercicio.
Que sea lógico y que haya ocurrido más veces en la historia reciente de nuestro país, no impide considerarlo como algo negativo y de repercusiones nada favorables, ya que debemos recordar que la Ley de PGE es la norma legislativa más trascendente que cada año se aprueba por las Cortes Generales. Su importancia viene dada porque es el instrumento mediante el cual los poderes públicos intervienen en la actividad económica por medio de la hacienda pública (impuestos y gasto público). En suma, es la herramienta que permite al Estado paliar los fallos del mercado, modificar la distribución de la renta o reducir las perturbaciones cíclicas de la economía. No cabe duda de que los PGE conforman el principal eje de la política económica, de modo que su prórroga siembra dudas que van más allá del presupuesto propiamente dicho. ¿Qué repercusiones negativas puede tener la prórroga? La primera es que el techo de gasto se congela, lo que supone una erosión en términos reales del 3,5 por 100, que fue la tasa media de inflación de 2023. Ahora bien, el techo de gasto no es inamovible, ya que puede ser levantado mediante proyectos de ley o reales-decretos leyes, tal y como ya se ha hecho con la revalorización de las pensiones en un 3,8 por 100. Asimismo, el gobierno ya ha pactado una subida salarial de los empleados públicos de un 2 por 100 para este año, que habrá de aprobarse a través de la ley de medidas antiinflación actualmente en trámite parlamentario. Por su parte, ha de actualizarse el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que sirve de base para el cálculo de las prestaciones asistenciales y que requerirá su tramitación a través de un proyecto de ley específico. También se ha subido ya el Ingreso Mínimo Vital.
En definitiva, se utilizarán vías alternativas, tal y como se hizo en el pasado para actualizar los presupuestos cuando los mismos no fueron aprobados. La prórroga sí que tendrá un impacto negativo en las expectativas empresariales por las incertidumbres que genera en algunas inversiones, así como en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos. Sin embargo, no debe suponer ningún frenazo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ni en la disposición de los fondos europeos Next Generation UE. No obstante, desde Bruselas ya se nos apunta cómo tienen que ser las cuentas de 2025, reclamando recortes de gasto y/o subidas de impuestos para reducir el déficit y la deuda pública y, al mismo tiempo, combatir la inflación. La senda de estabilidad que ha intentado aprobar el gobierno prevé un déficit público del 3 por 100 del PIB en 2024; 2,7 en 2025 y 2,5 en 2026 (en 2023 ha sido del 3,7). Senda que ha sido validada por el Congreso de los Diputados, pero que en el Senado ha encontrado un reiterado obstruccionismo parlamentario. No, el filibusterismo no ayuda a impulsar la economía española, que está necesitada de reformas que permitan incrementar nuestra productividad y conseguir un crecimiento sostenible.