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Prioridad nacional
Los acuerdos alcanzados para formar gobierno en las comunidades autónomas de Extremadura, Aragón y Castilla y León —Andalucía está en ello— han estado condicionados por la asunción de la denominada “prioridad nacional”, que no es otra cosa que dar preferencia a los que disponen de pasaporte español para el acceso a las ayudas sociales, al ingreso mínimo vital y, supongo que también, a la sanidad y a la educación públicas, situando a los inmigrantes en un escalón secundario o inferior. Debo reconocer, de entrada, que la publicidad partidista, las redes sociales, las fake news y ciertos medios de comunicación han logrado que haya una cierta percepción ciudadana de que las ayudas y prestaciones sociales a los inmigrantes están retrasando y disminuyendo las posibilidades de percepción por parte de los nacionales. Seleccionemos una prestación social de las distintas que están vigentes en la actualidad en España, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que es una ayuda dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. El 4,8% de los inmigrantes reciben el IMV frente al 3,6 de la población española. Aquí está la trampa a la que se acogen: la proporción de inmigrantes beneficiarios es superior a la de los españoles. Ignoran u ocultan que el riesgo de pobreza y exclusión social entre los extranjeros es del 54,1% frente al 20,8 de los nacionales, que la tasa de pobreza monetaria es del 43,7% en los inmigrantes frente al 14,9 de los españoles y que la carencia material o social severa alcanza al 19,4% de los venidos de fuera frente al 6,3 de los nacidos en España. El artículo 14 de la Constitución dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social”. Decía León XIV en su reciente visita a España que “los que viven en Madrid son de Madrid”; pues eso, que los que viven en España son de España y es anticonstitucional establecer discriminaciones. Creo que los defensores de la “prioridad nacional”, que se suelen declarar católicos practicantes, deben reflexionar sobre la doctrina que el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica predicó durante aquella visita a nuestro país. Claro está, salvo que no obedezcan al Papa y se conviertan en cismáticos según establece el Derecho Canónico —permítanme la hipérbole—. En un reciente informe del CES sobre la realidad migratoria en España, señala que en la actualidad unos 10 millones de personas nacidas fuera del país viven en España, sosteniendo el crecimiento demográfico, la fuerza laboral y el estado del bienestar. No cabe duda de que los flujos migratorios son fundamentales para la economía a corto, medio y largo plazo. Si no se contrata a inmigrantes no habría quien recogiera las cosechas agrícolas, ni serían viables gran parte de restaurantes y bares, ni tampoco el sector de la construcción dispondría de mano de obra para la edificación de viviendas y para las infraestructura, como tampoco para el servicio doméstico, siendo muchas las actividades que dependen de la población inmigrante. España necesita una inmigración regular, ordenada y segura, basada en los derechos, empleo digno y productivo y una convivencia basada en la igualdad y en la diversidad. Y, por supuesto, sobra racismo y xenofobia.