Presunción de inocencia
El neologismo “lawfare” se viene utilizando en los últimos tiempos para aludir a lo que se considera una clara instrumentalización de la justicia. Todo ello surge ante la presentación de denuncias o querellas civiles o penales con escasa base probatoria, pero diseñadas para generar un fuerte impacto mediático. Es lo que viene haciendo desde hace varios años el pseudosindicato de extrema derecha “manos limpias”, entre otros. Todas estas querellas buscan desgastar la reputación pública de algunos políticos. Funciona así la vieja estrategia de “difama que algo queda”.
Que conste que considero que la corrupción es la peor de las enfermedades de nuestra democracia y la termita más eficaz para acabar con la confianza en la política y en las instituciones democráticas. Pero creo que nuestro sistema de derechos y las principales instituciones cuentan con suficientes mecanismos para prevenir y perseguir la corrupción, cuando la misma no convive con los propios valores y el propio hacer de determinadas instituciones. Tendremos que empezar por ahí si queremos erradicar estos comportamientos tan deleznables. En cambio, me gustaría llamar la atención sobre el poco respeto a la presunción de inocencia demostrado en los últimos procesos de los que se acusa al partido socialista. La presunción de inocencia no es solo una garantía procesal ni una regla técnica reservada a jueces, fiscales y abogados. Es una de las bases morales, jurídicas y políticas sobre las que descansa el Estado de derecho. Allí donde una persona puede ser tratada como culpable antes de que exista una prueba suficiente y una resolución judicial con todas las garantías, la democracia se debilita. Y allí donde el poder público, los medios de comunicación o la opinión pública sustituyen al juicio justo por la sospecha, la acusación o el prejuicio, se rompe una de las reglas esenciales del juego democrático. En una democracia, nadie debe tener que demostrar su inocencia. Esta idea limita el poder punitivo y evita que la autoridad pueda castigar por intuiciones, presiones sociales, intereses políticos o campañas de descrédito. Por eso, la presunción de inocencia protege al acusado, pero también protege a la sociedad entera: impide que la justicia se convierta en venganza, que la política utilice el reproche penal como arma y que la opinión pública condene sin pruebas.
La presunción de inocencia obliga a distinguir entre investigar y condenar, entre indicio y prueba, entre imputación y culpabilidad. Esa distinción es especialmente importante en sociedades mediáticas como la nuestra, donde una noticia, una filtración o una acusación pueden producir una condena social inmediata, a veces irreversible, aunque después los tribunales absuelvan o archiven la causa. El daño reputacional, político o personal puede haberse consumado antes de que la justicia hable. Así ocurrió con Demetrio Madrid en los 90. Cuando la presunción de inocencia se relativiza, el Estado de derecho deja paso al Estado de sospecha. Y en un Estado de sospecha todos somos más vulnerables: basta una denuncia, una campaña o una acusación para quedar marcados. Ninguna justicia merece ese nombre si empieza condenando antes de probar. Creo que el presidente Zapatero se merece esa presunción de inocencia, aunque sólo sea por las muestras de solvencia moral que ha dado en su dilatada vida política.