Presión fiscal
La principal función del Estado en la economía no es otra que la configuración y mantenimiento de un marco institucional, es decir, establecer las reglas de juego a que deben atenerse los agentes en sus transacciones. Ahora bien, el Estado también interviene como un agente más acudiendo a los mercados de fondos para colocar su deuda pública cuando tiene déficit e, incluso, emprendiendo actividades económicas (transporte, energía, etcétera). Asimismo, modifica la distribución de la renta por medio de impuestos directos progresivos o a través de transferencias (subsidios por desempleo, pensiones, etcétera). En este sentido, podemos sintetizar que los objetivos de la intervención del sector público en la actividad económica son, entre otros, paliar los fallos del mercado en los casos en que éste no consigue por sí solo una asignación eficiente de recursos (monopolios, contaminación ambiental, producción de bienes públicos como la defensa, etcétera), modificar la distribución de la renta en sentido igualitario mediante políticas de gasto público (transferencias en efectivo, como los subsidios y subvenciones, y prestaciones en especie como la sanidad o la educación); asimismo, el Estado trata de reducir las perturbaciones cíclicas de la economía, para conseguir una senda equilibrada de crecimiento que haga compatibles altos niveles de empleo y estabilidad de precios. Como es conocido, la hacienda pública (ingresos y gastos) constituye el soporte financiero de toda la actividad económica estatal.
Tras este preámbulo, puestas las bases de para lo que sirven los recursos públicos, nos centraremos en los ingresos y, más concretamente, en el concepto de presión fiscal, ya que en cualquier país del mundo y, por supuesto, en España, todos los ciudadanos tienen la percepción subjetiva de que se pagan muchos impuestos. La presión fiscal mide el porcentaje sobre el PIB que representan los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social. La pregunta que inmediatamente nos surge: ¿Es elevada/insoportable la presión fiscal en España? Para contestar recurrimos a una fuente de absoluta solvencia, tal y como es la oficina de información estadística de la Unión Europea: EUROSTAT. En 2019, antes de la pandemia, la presión fiscal media de la UE era del 41,1 por 100, situándose a la cabeza del ranking países como Francia (47,4), Dinamarca (46,9), Bélgica (45,9), Suecia (43,6), Austria (43,1), Italia (42,6) o Alemania (41,7 por 100). En el lado opuesto, es decir, los países con menor presión fiscal eran en esa fecha: Irlanda (22,7), Rumanía (26,8), Lituania (30,4), Malta (32,1) o Estonia (33,3). España tenía en 2019 una presión fiscal del 35,4 por 100, es decir, 5,7 puntos porcentuales menos que la media europea y 12 puntos inferior a la de Francia. Hasta aquí los datos objetivos.
Los partidarios de subir los impuestos alegarán que en España hay recorrido para subir la presión fiscal y así reforzar nuestro “estado del bienestar” (más y mejor sanidad y educación públicas), mejores infraestructuras, mayor protección ambiental, apoyo a las personas más desfavorecidas, etc. En el otro extremo, los partidarios de bajar los impuestos, negarán valor explicativo al concepto de presión fiscal y reivindicarán el de esfuerzo fiscal, que mide la proporción que suponen los impuestos y las cotizaciones sociales en el PIB per cápita, es decir, lo que se suele denominar como presión fiscal relativa. Si se toma esta última ratio, España solo estará por detrás de algunos países como Portugal, Italia Grecia o Francia. Los defensores de utilizar el concepto de esfuerzo fiscal, también suelen traer a colación la Curva de Laffer, según la cual a partir de unos determinados tipos impositivos la recaudación fiscal tiende a bajar, puesto que se desincentiva la actividad económica. A mi juicio, contraponer presión fiscal y esfuerzo fiscal es una polémica falsa, puesto que miden cosas bien distintas. Lo esencial será fijar qué tipo de sociedad que remos, qué servicios públicos, qué políticas redistributivas, qué protección ambiental, etcétera, y en función de ello establecer el sistema fiscal correspondiente.