Personas mayores y derechos
El próximo jueves celebramos el Día Internacional de las Personas Mayores en un contexto trágico, donde la vulnerabilidad de este grupo se ha puesto de manifiesto ante la pandemia de la covid-19. El movimiento de personas mayores representado en la mesa estatal por los derechos de las personas mayores ha difundido un manifiesto con sus principales reivindicaciones. Entre ellas destaca una ley integral y una convención de Naciones Unidas por los derechos de las personas mayores, que a la vista del panorama internacional es más necesaria que nunca. Su secretario general, Antonio Guterres, ha reconocido ya públicamente esta necesidad y ha advertido que la covid ha colocado a las personas mayores en una situación de mayor riesgo de pobreza, discriminación y aislamiento. Los que creemos en los derechos humanos y la cohesión social como pilar de nuestra sociedad, confiamos en que se abra ahora un camino sin retorno para abordar de una vez por todas el reto demográfico y afrontar las políticas públicas y los cambios necesarios para que envejecer no se convierta en un problema en nuestra sociedad. Porque cumpliendo los Objetivos del Desarrollo Sostenible aspiramos a vivir en igualdad y sin discriminación en todas las etapas de nuestras vidas, incluida la etapa más allá de los sesenta años.
Es una realidad incuestionable que la discriminación por razón de edad se produce de manera extensa en todos los ámbitos sociales y los estereotipos siguen considerando a las personas mayores como personas dependientes, solitarias e inactivas. Sin embargo, la heterogeneidad de personas y circunstancias es la misma independientemente de la edad. Por eso una de los principales avances necesarios sería que las administraciones públicas abordaran las políticas dirigidas a las personas mayores desde un enfoque basado en derechos y no desde un mero enfoque asistencialista, donde solo se mira a los mayores desde su déficits y limitaciones y no desde sus capacidades y aportaciones a la sociedad. Las políticas dirigidas a las personas mayores deben ser transversales y plantearse desde todos los ámbitos porque el envejecimiento de nuestra sociedad impacta la economía, el empleo, la educación, la cultura y por supuesto las políticas de cuidados. En los últimos meses se ha abierto un debate entorno a un nuevo modelo de cuidados que el Gobierno y las administraciones públicas deben de liderar de la manos de las organizaciones sociales. Articular un nuevo modelo de cuidados además de una responsabilidad ética, requiere la implicación colectiva de las administraciones públicas, las familias, las empresas, el tercer sector y el movimiento de personas mayores. Un nuevo modelo de cuidados exige poner la vida en el centro de la sostenibilidad y partir de la idea de que todos y todas requerimos de cuidados en todas las etapas de nuestras vidas, aunque sea en la infancia y la vejez cuando probablemente más cuidados necesitamos. Un nuevo modelo de cuidados requiere, además, defender la dignidad de las personas y sus derechos de elegir como y donde quieren vivir y ser atendidos cuando se producen situaciones de dependencia. Pero sobre todo, un nuevo modelo de cuidados requiere acabar con la precarización de los profesionales del sector y modificar urgentemente la lógica de funcionamiento de muchas residencias tradicionales que han demostrado no atender adecuadamente a sus residentes.