Pensiones sostenibles

    12 dic 2022 / 17:07 H.
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    La tasa de inflación interanual se situó en noviembre en el 6,8 por 100, con lo cual ya tenemos la cifra que nos faltaba para calcular el incremento de las pensiones en el año 2023. En efecto, la normativa de revalorización de las pensiones públicas establece que para su actualización se tendrán en cuenta las tasas interanuales de inflación de los últimos 12 meses, es decir, desde diciembre de 2021 hasta noviembre de 2022. El resultado es que el incremento que se llevará a cabo a partir de enero será del 8,5 por 100. Esto por lo que se refiere a las pensiones contributivas (las que tienen relación con el volumen y años de cotización de los perceptores), puesto que las no contributivas (las que perciben aquellas personas que no han cotizado o no lo suficiente para tener derecho a una pensión y no tienen recursos para vivir), así como las pensiones mínimas, subirán un 15 por 100 según los pactos realizados por el Gobierno durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos para el próximo ejercicio. Bueno, pues estoy/estamos contentos en el aspecto personal, ya que este incremento nos ayudará a pagar la subida del recibo de la luz, el mayor precio de los alimentos y del vestido o el encarecimiento del ocio y de la cultura.

    A partir de aquí me permitirán, sin querer ser agorero, que profundice un poquito para tratar de prever si esta subida puede ser sostenible en el tiempo. La primera cifra, sin duda mareante, es que la factura de las pensiones se elevará hasta los 190.687 millones de euros en 2023 (171 millones en 2022 y 163 millones en 2021). Todo ello para pagar la prestación de los 9.975.234 pensionistas existentes al día de hoy, de los cuales 6.286.860 lo son por jubilación contributiva (el resto lo son por viudedad, orfandad, incapacidad permanente, etcétera). En fin, que habrá que sacar de las arcas públicas, además de los 10.913 millones de cada uno de los meses de noviembre y diciembre y los 10.649 para la extra de Navidad, otros 16.000 millones para este incremento del 8,5 por 100 durante 2023. No pondré, de entrada, ninguna objeción, puesto que estamos en época de “vacas flacas” con una elevada inflación y en puertas de una posible recesión económica y, claro está, nuestros pensionistas (entre los que me incluyo) son un segmento vulnerable. Además, si me permiten la “maldad”, están en juego 10 millones de votos directos, más los inducidos, en el próximo ciclo electoral que comienza en mayo.

    ¿Qué está ocurriendo en otros sectores de la población en su revalorización salarial? Por lo que se refiere a los funcionarios y empleados públicos, los Presupuestos Generales del Estado incluyen una subida del 2,5 por 100, que podrá llegar al 3,5 en función de la evolución del IPC y del PIB. Por otra parte, hay preacuerdos entre empresarios y sindicatos para realizar incrementos salariales del 3 por 100 para unos 10 millones de trabajadores. Ya ven que el tratamiento que nos dan a los pensionistas es mucho más generoso que a los trabajadores y a los empleados públicos. Está bien, no me voy a quejar, pero lo que sí me gustaría es que esto no fuera “flor de un día”, sino que se asegurara un sistema público de pensiones sostenible en el tiempo. Ya en el pasado reciente (Reforma de 2013) se ensayó poner en marcha un factor de sostenibilidad, que ligaba la pensión inicial de los nuevos jubilados a la esperanza de vida y vinculaba la subida de las pensiones a la evolución de las cuentas de la Seguridad Social, con un mínimo del 0,25 por 100 anual y un máximo del IPC+0,5 por 100. Esta reforma quedó derogada y lo que está vigente es, como se sabe, el aumento según el IPC medio de los últimos 12 meses.

    Créanme, la evolución de la factura de las pensiones, si queremos que sea sostenible, tiene que admitir reformas, ya sea mediante subidas de las cuotas en los tramos salariales elevados (con alzas proporcionales en las pensiones máximas), ya sea mediante la elevación del número de años que se tengan en consideración para el cálculo de la pensión inicial, o depurando gastos “impropios” del sistema. Defender las pensiones pasa por hacerlas sostenibles.

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