Pacto por una renta básica

Durante las próximas semanas el debate sobre la renta básica de ciudadanía volverá a estar sobre la mesa, debido a la toma en consideración en el Congreso de la propuesta de los sindicados de creación de esta prestación económica, resultado de la Iniciativa Legislativa Popular que presentaron hace unos meses y que fue respaldada por la firma de 693.000 ciudadanos. El objetivo no es otro que establecer una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la seguridad social, que llegaría a 2,1 millones de ciudadanos y su cuantía estaría en el 80% del Iprem; unos 426 euros. Podrá discutirse el alcance de los beneficiarios y la cuantía de la misma, pero lo que está claro es que cualquier reforma del estado del bienestar que nos planteemos en España, pasa por tener en cuenta esta nueva prestación de carácter estatal. Junto con esta propuesta se requiere con urgencia una reforma de una fiscalidad para hacerla progresiva ya que la política de exenciones, reducciones y deducciones impositivas que la administración aplica a los contribuyentes, benefician fundamentalmente a los que tienen rentas por encima de los 80.000 euros anuales y perjudican a los que tienen salarios por debajo de los 20.000, según los últimos informes presentados por el grupo de investigación de analítica y diseño institucional de la UAB.

La principal consecuencia de la crisis es el altísimo nivel de desempleo y con él, las más de 800.000 personas paradas de larga duración, que no van a encontrar jamás empleo. Para todas estas personas, es preciso disponer de una renta básica que resuelva los problemas básicos de subsistencia que cualquier Estado debe garantizar como derecho de ciudadanía a todos sus ciudadanos y ciudadanas que por diversos motivos se ven privados de un empleo. Pero además, junto con la pérdida de ingresos que supone no trabajar, el desempleo de larga duración está ocasionando verdaderas catástrofes en la carrera de cotización de la seguridad social de trabajadores con largas vidas laborales. Para los que tienen más de 35 años cotizados, debería adaptarse un nuevo sistema de cómputo, que tuviera en cuenta toda la carrera de cotización y no sólo los últimos 15 años, para evitar la gravedad de los coeficientes reductores. La crisis ha evidenciado en los últimos tiempos la ineficacia de algunas prestaciones sociales, como las rentas mínimas de las CC AA y sobre todo la nula capacidad de transferencia de rentas desde los más ricos a los más pobres a través de la fiscalidad, más allá de la garantía de acceso a bienes fundamentales como la educación, la sanidad o la jubilación. De ahí la necesidad de reformar nuestro sistema de rentas, en muchos casos resultado de un esquema protector en el que se tratan de forma incoherente y con diferentes cuantías, situaciones de necesidad similares. Esperemos que tras la comparecencia de los sindicatos en la Comisión de empleo y la toma en consideración de la iniciativa, todos los partidos políticos sean capaces de pactar un nuevo sistema de renta básica que complemente nuestro maltrecho Estado del Bienestar. Esta medida además de justa y necesaria, debería ser el detonante para una reforma estructural del Estado de Bienestar, que tiene que replantear la propia naturaleza de sus prestaciones y su carácter redistributivo e instrumento de cohesión social y lucha contra la exclusión.