Pacto educativo

Con la reciente formación de gobierno nos hallamos en la siguiente fase de la vida política, pero para conseguir “el buen gobierno” hay que abstraerse de ese feroz frente político-mediático empleado por un amplio sector de la derecha. El diputado Joan Baldoví fue contundente, en su breve intervención durante la investidura de Sánchez, cuando dijo que lo que le hace falta a los políticos conservadores es menos broncas y más educación. En una línea similar se pronunció el concejal vasco del PP Borja Semper, que abandona la política por estar en desacuerdo con la actitud beligerante que utiliza su partido contra los “adversarios políticos” (“enemigos políticos “para los líderes de su partido). Una vez más irrumpe Vox, ahora en la CA de Murcia, para armarla con el denominado “veto parental”, exhibiendo su desprecio por el paradigma de la “escuela inclusiva” universal. Mas, después de estas breves pinceladas críticas, en este artículo toca hablar de “Educación” con mayúsculas, y concretamente de la Política Educativa del nuevo gobierno; es decir, de la elaboración del Proyecto Político sobre Educación que recoge en su programa electoral. Sin embargo con eso no es suficiente, puesto que es condición “sine qua non” llegar previamente al anhelado Pacto Estatal por la Educación Pública (y Concertada, según la LODE -1985); que dicho sea de paso no es una entelequia, ya que estuvo a punto de cuajar en la época del ministro Gabilondo, deshaciéndose al final el acuerdo por espurios intereses electorales. La historia de la educación nos dice que en los últimos 30 años las sucesivas” leyes orgánicas” sobre la “Ordenación de las Enseñanzas del Sistema Educativo español” se han ido fagocitando unas a otras en función del partido ganador de las elecciones; en democracia hemos tenido y tenemos, entre otras, las siguientes: LOGSE (1990), LOCE (2002), LOE(2006) y LOMCE (2013); solapándose unas con otras y sin llegar a cumplir su propio calendario de implantación. Esa práctica viciada ha sembrado el desconcierto entre los distintos sectores de la comunidad educativa, especialmente el del profesorado. Y es que al menos de palabra, todos tenemos muy claro que la educación debe ser prioridad para el progreso de nuestro país (si realmente queremos tener ciudadanos formados en todos los ámbitos y escalas de la actividad educativa y productiva). No pueden seguir diciendo una cosa durante las campañas electorales y luego hacer otra. La maquinaria educativa urge ponerla en funcionamiento desde ya, y los políticos, los expertos educativos, los sindicatos de la enseñanza, las AMPAS... deben, sin más dilación, crear las “comisiones de trabajo” pertinentes para empezar la elaboración de un proyecto educativo cuyo “tronco común” sea compartido por mayorías significativas procedentes de las distintas sensibilidades sociales y políticas. Finalmente, el texto resultante sería aprobado, con un alto porcentaje de votos , por los partidos políticos del arco parlamentario. Aproximadamente el 60% del currículo ha de permanecer vigente durante veinte años, al menos. La nueva supernorma educativa recogerá la creación de “comisiones de seguimiento” con el fin de evaluar su desarrollo curricular y el calendario de implantación, y además contará con una “memoria económica”. Sobre esa base educativa estatal, las CCAA, que tienen transferidas las competencias educativas, completarían el resto del currículo.