Muface
Llevamos varias semanas oyendo y leyendo sobre el peligro de que el mutualismo de algunos funcionarios públicos —no todos— entre en crisis y que Muface deje de prestar los servicios sanitarios, tal y como lo viene haciendo desde 1975 en que fue creada. Es este un tema de indudable trascendencia, ya que afecta a más de dos millones de empleados públicos. En la línea de esta columna: “poner la economía al alcance de todos”, me van a permitir que dedique la actual a clarificar algunos conceptos que, muy posiblemente, escapan a muchos lectores no familiarizados con el régimen mutualista funcionarial. Me centraré exclusivamente en el tema relativo a las prestaciones sanitarias, dejando de lado las restantes. Además del Régimen General de la Seguridad Social, en el que se encuadran la inmensa mayoría de los trabajadores españoles, existen los denominados Regímenes Especiales, algunos de los cuales son los que afectan a los funcionarios públicos, civiles y militares.
En concreto, los funcionarios se adscriben a tres Regímenes Especiales: el de los Funcionarios Civiles del Estado, el de los Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y el de las Fuerzas Armadas. A estos empleados públicos la asistencia sanitaria se les presta a través de las siguientes entidades: Mutualidad de Funcionarios de la Administración Civil del Estado (Muface), Mutualidad General Judicial (Mugeju) e Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas). En definitiva, estas son gestoras de la Seguridad Social, a través de las cuales se presta asistencia sanitaria a los colectivos integrados en ellas. Ahora bien, son los propios funcionarios los que deciden si la reciben directamente del sistema público —consultorios y hospitales de la Seguridad Social— o a través de las entidades de seguro privadas que hayan concertado con las mutualidades tal asistencia.
En el momento en que estalla el conflicto actual, Muface integra a un total de 1,5 millones de mutualistas, Isfas a más de 560.000 miembros de las Fuerzas Armadas y Mugeju a 92.000 funcionarios de la Administración de Justicia. En total, algo más de dos millones de empleados públicos que, en parte, reciben asistencia sanitaria fuera del sobrecargado sistema público de la Seguridad Social. Actualmente, los mutualistas de Muface son atendidos a través de tres compañías: Adeslas (34%), Asisa (25%) y DKV (13%), mientras que el 28% restante opta por acudir directamente a la sanidad pública. En definitiva, el 72% elige la asistencia privada.
El actual concierto expira el próximo 31 de diciembre, por lo que el pasado 8 de octubre se abrió un concurso para un nuevo concierto en el bienio 2025/2026, con la finalidad de garantizar la asistencia sanitaria a los colectivos beneficiarios del mutualismo administrativo. El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, del que depende el sistema, ofreció la renovación con un incremento del 17,12% sobre el vigente, pero al considerarlo totalmente insuficiente las compañías aseguradoras, lo dejaron desierto. Aunque durante las últimas semanas las posturas se encuentran alejadas (las compañías solicitaban un incremento del 38%), el Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de diciembre una autorización presupuestaria para realizar una nueva licitación con un incremento del 33,5% para el periodo 2025/2027, con una diferenciación de las primas por tramos de edad. De cualquier manera, la asistencia sanitaria está garantizada hasta el 31 de enero y, si fuera necesario, se podría utilizar la prórroga forzosa hasta el 30 de septiembre de 2025.
Soy beneficiario del sistema mutualista, por lo que siempre alguien podrá alegar que mi opinión es interesada y, por lo tanto, sesgada. A pesar de ello, les diré que la Seguridad Social no podría soportar la integración de 1,5 o 2 millones de nuevos usuarios, ya que el sistema público está al borde del colapso, con listas de espera insoportables para un gran número de beneficiarios. Además, todo cambio de sistema se ha de realizar de forma gradual, previniendo estrangulamientos indeseados y respetando los derechos adquiridos de los colectivos afectados.