Menas: exclusión&inclusión
Los menores y jóvenes que emigran son una consecuencia de la globalización y están desempeñando un papel cada vez más importante en la misma. Este es un fenómeno que ha ido en aumento en el siglo actual observándose flujos más dinámicos entre los Estados que tienen nexos geopolíticos y socioeconómicos. En un mundo globalizado como el actual las migraciones se constituyen en un eje nuclear de transformación socioeconómica donde las relaciones entre diferentes Estados son parte activa. En este sentido, las políticas migratorias son una parte dinámica de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuya meta 10.7 aboga por “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”, así como la cooperación con los países de origen para establecer medidas preventivas para la migración irregular en la lucha contra el tráfico ilícito y la trata de personas. Este fenómeno migratorio ha generado una tensión en el conocimiento jurídico y social de los derechos humanos, al tener que equilibrar la protección de los más vulnerables con el control del acceso al territorio de cada Estado. Podríamos decir que genera un debate entre la inclusión y la exclusión.
Para comprender el concepto de las siglas Menas (Menores Extranjeros No Acompañados) es necesario entender el impacto que ha tenido y tiene la llegada de este colectivo a nuestro país generando controversia y siendo objeto de numerosos debates sobre la situación de estos menores que vienen buscando una vida mejor y que en ciertas ocasiones se ha utilizado el acrónimo por los medios de comunicación y la clase política para criminalizar y etiquetar a dichos menores. Unicef considera a los Menas como aquellos menores de 18 años que son ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea que, al entrar en territorio español, no van acompañados de un adulto. Los familiares desligan así su responsabilidad, abandonándolo a su suerte incluso antes de que el menor haya ingresado en territorio español. La responsabilidad que les corresponde puede ser tanto real como legal, es decir, puede haber sido adquirida mediante legislación o de acuerdo con costumbres y prácticas comunes. El conflicto surge con la aparición de conductas disruptivas de los menores a causa de la falta de medios emocionales que faciliten el desarrollo normal de las personas y su adaptación al entorno social y cultural. La gran mayoría de la ciudadanía conoce las existencias de estos menores a través de los medios de comunicación o bien porque sufren en su propio hábitat episodios de violencia, agresividad y delincuencia. Está claro que la falta de personas adultas de referencia afecta a su autoestima al encontrarse en situación de vulnerabilidad, aislados y marginados lo que puede afectar a su bienestar emocional. Todo ello atañe a la identidad de los sujetos ya que no todos ocupamos el mismo lugar en la sociedad y en la cultura y puede generar procesos asimétricos, originando exclusión y desigualdades en aquellos que no tienen posibilidades de acceder a la red económica, política y cultural globalizada, así como desequilibrios sociales importantes.
Es, por tanto, un problema de índole social y política en la que nuestros gobernantes deben desarrollar una conciencia crítica y decidir si quieren ser parte del problema o parte de la respuesta. Se están llevando a cabo múltiples estrategias que van desde la repatriación, cuando esta es posible, centros de acogida, políticas de colaboración con los países de origen, etcétera, todas ellas con mayor o menor éxito, pero lo que sí está claro es que los procesos de exclusión están muy latentes por lo que debemos reflexionar sobre si es admisible, teóricamente, definir un modelo social con explícita exclusión de determinados sectores sociales, en este caso el de los Menores Extranjeros No Acompañados.