A la hora en que escribo esta columna todavía no se sabe si alguno de los dos decretos sobre la vivienda propuestos por el Gobierno obtendrá mayoría en el Congreso, de cualquier manera el Partido Popular y Vox han dicho que acudirán a los juzgados a denunciar lo que sea que se apruebe; y ya hemos visto en otras ocasiones hacia dónde se inclina la balanza cuando la justicia toma cartas en asuntos que rasca los bolsillos de los más pudientes. El caso es que cuando se pase el efecto “Mari Carmen” todo va a seguir igual, las empresas y fondos buitre continuarán adquiriendo y especulando con los inmuebles de su propiedad y las Comunidades Autónomas del PP, salvo Galicia, seguirán sin aplicar la categoría de zonas tensionadas que controlaría los pisos turísticos y el alquiler en ciudades densamente pobladas, que por cierto con el mismo fin ya se aplica en distintos países europeos. La realidad es que hace mucha falta que se construya urgentemente vivienda pública, podríamos empezar la obra con los cien mil millones de euros que Rajoy prestó a los bancos y nunca nos han devuelto, y si no quieren pagar en efectivo que entreguen las llaves de las viviendas embargadas.