Leyes con apellido

Cuando se aprueba una ley e incluso cuando se está debatiendo en el Parlamento, los medios de comunicación, sobre todo, se suelen referir a ella con nombres que hacen fácil su identificación pero que no son los oficiales. En muchas ocasiones estos nombres se conforman aludiendo a la persona que las promueve. Es muy apetecible, parece ser, que una ley lleve el nombre del ministro de turno. El ego debe salir muy reforzado. Ocurre con mucha frecuencia en todos los ámbitos, pero especialmente en el ámbito de la educación. No debemos olvidar que la educación es tan antigua como la humanidad y está tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni en ningún momento de la historia. Sin embargo los sistema educativos nacionales surgen en el siglo XIX, concretamente en España se sentaron las bases de nuestro primer sistema educativo en la Constitución de 1812 y fue en 1857 cuando encontramos la primera ley de educación. La Ley de Instrucción Pública, más conocida como ley Moyano por ser Claudio Moyano el ministro que la impulsó durante el reinado de Isabel II. Esta ley se mantuvo en su esencia, aunque con cambios en su desarrollo, durante 113 años, hasta el año 1970 en el que aparece la Ley General de Educación, curiosamente también con apellido propio, Ley Villar Palasí, a la sazón ministro de Educación de Franco. Con posterioridad hemos convivido períodos con una sopa de siglas extravagante pero no se asignan apellidos específicos. La Ley de Ordenación General del Sistema educativo del año 1990 (Logse) impulsada por el ministro socialista Rubalcaba no fue conocida por su nombre, quizás por la nueva realidad autonómica del país y por las exigencias de la Unión Europea que apelaban al consenso. En el año 2013, aparece nueva ley (Lomce) con apellido, la ley Wert, ministro del partido popular, que modifica la Ley Orgánica de Educación y ya en la actualidad volvemos a apellidar la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), que en estos momentos se debate en el Parlamento, como ley Celaá, en alusión a la actual ministra del gobierno. Es como si cada gobierno, cada ministro, de diferentes signos políticos a diestra y a siniestra, quisiera dejar su impronta amparándose en ideologías determinadas que después van a sufrir los actores que tiene que llevarla a cabo que no son otros que el profesorado, el alumnado y las familias. La educación sigue considerándose como un arma política, en la que poco importan las opiniones de sus actores. De hecho no tengo noticias de que el profesorado, las familias, las asociaciones profesionales y sindicales haya recibido consulta alguna, a modo de opinión experta, sobre las modificaciones que pretenden realizar en la nueva ley. No ha habido ningún argumento para el debate de temas tan importantes como el diseño y el desarrollo del currículum, la organización de nuestros centros educativos, el desarrollo profesional de los docentes, los procesos de evaluación, la inclusión educativa, la acción tutorial... que son los que generan problemáticas en el día a día del quehacer docente. Por ello no tengo más remedio que seguir insistiendo en la necesidad inaplazable de un pacto educativo en nuestro país que nos haga converger con las líneas existentes en Europa sobre el tema educativo y que tiene que ver, entre otros, con la estabilidad normativa, el gasto en educación, la autonomía de los centros, la dignificación de la profesión docente, la calidad y equidad de la educación. No, no se abordan en la nueva reforma estos aspectos. Por tanto seguiremos sin sentar las necesarias bases para establecer un sistema educativo con proyección de futuro que evite que cada gobierno tenga la tentación de deshacer lo que hicieron sus predecesores erosionando
así el papel de la educación como garante de la cohesión social y territorial. Analizaremos la nueva ley de educación y sus controversias en pleno proceso de aprobación sin consenso.