La vulgaridad toma la palabra
Basta encender el televisor o escuchar una intervención parlamentaria para comprobar hasta qué punto se ha deteriorado el lenguaje político. Los insultos, las descalificaciones y las expresiones vulgares ocupan cada vez más espacio en discursos que deberían distinguirse por el rigor y el respeto. Saber expresarse con propiedad, defender una idea y discrepar con educación no es un mérito extraordinario, sino una exigencia inherente al cargo público. El decoro lingüístico debería formar parte de esa responsabilidad. Hubo tiempos en que la oratoria contribuía al prestigio de la política. Hoy parece que levantar la voz importa más que encontrar las palabras adecuadas. Algunas figuras públicas confunden la cercanía con la ordinariez, como si hablar de cualquier manera les permitiera conectar mejor con la gente. Pero la ciudadanía no necesita que le rebajen el nivel del discurso para comprenderlo. Quien recurre al insulto no desacredita a la otra persona: se retrata. La grosería no demuestra seguridad ni autoridad, sino que puede revelar la falta de argumentos. No se trata de sofisticación ni de alardes de erudición, sino de preparación, compromiso y respeto. Algo tan elemental como saber hablar.