La situación salud mental en Andalucía: una falacia
A los ciudadanos, que sufrimos a pie de obra las mentiras de las planificaciones, de los programas de apoyo social y atención especial, las mentiras de las líneas prioritarias, de las estrategias para acabar con las desigualdades y las deficiencias específicas, que sufrimos, en fin, los fraudes de las innumerables palabras huecas recogidas en los informes dedicados a adornar los archivos institucionales con el único fin de lavarle el currículum a los políticos de turno..., digo que a los ciudadanos nos gustaría que no hubiera ni un solo tecnicismo al que se le salieran por las costuras la hipocresía y el cinismo y que les explosionara en la cara a los burócratas responsables de la salud y de la vida de tantos miles de ciudadanos, tan desprotegidos como impotentes. Tan desamparados vivimos que hasta nos sentimos culpables de los males que nos aquejan, soportando sobre eso que llaman dignidad la burla y el desprecio de las políticas que cubren el planeta.
Pero uno de los aspectos más importantes, que tiene que ver directamente con la vida, y que es el que me trae a estas páginas, en nombre de muchas familias, es el de la salud mental. Y para dar de lleno en el paradigma de la dejadez que las instituciones muestran en su cuidado, por no ir muy lejos, nos topamos con el Hospital Neurotraumatológico de Jaén. Solo hay que echar un vistazo a las instalaciones de la séptima planta donde los enfermos sobreviven deambulando a un régimen semicarcelario a base de antipsicóticos, benzodiacepinas, antidepresivos e hipnóticos. Dos pasillos escuetos con dos desabrida salas de televisión, unas cuantas horas de manualidades a la semana, sin un diminuto rincón para echar un cigarrillo, sin un mínimo espacio donde realizar actividades de esparcimiento al aire libre. Los enfermos son atendidos por un personal que, en algunas ocasiones ha demostrado una exquisita sensibilidad para tratar tanto a los enfermos como a sus familias formulando diagnósticos del tipo “la niña no está enferma, lo que pasa es que es una mala educada y no tiene vergüenza”, refiriéndose a una enferma con trastorno límite de la personalidad grave, idiopática y trastorno mental psicótico, casos sobre los cuales no tienen ni la más remota idea de cómo actuar teniendo en cuenta que vivimos en un momento de la historia en el que el nivel de conocimiento en cualesquiera disciplinas humanas
ha alcanzado alturas y profundidades insospechadas en siglos anteriores.
El tratamiento, por lo tanto, para estos pacientes con trastorno límite de la personalidad grave, idiopática y trastorno mental psicótico se limita a encerrarlos, sedarlos y ponerlos de patitas en la calle. Los conocimientos del más alto especialista en salud mental no llegan siquiera a barruntar un diagnóstico medio acertado. ¿Lo han declarado públicamente alguna vez? ¿Se han limpiado alguna vez la conciencia públicamente? Esto es, ¿han denunciando al sistema que los encubre y paraliza las inversiones en estudios de profundización y, sobre todo, en procurar que estos colectivos excluidos por la propia institución de salud mental sean atendidos en centros públicos como seres humanos que son.
En el año 2013, el Defensor del Pueblo Andaluz, en un extenso informe sobre la situación de los enfermos mentales en Andalucía, en su punto 5.2, “La planificación andaluza sobre salud mental”, decía: “En lo que a Andalucía se refiere, en primer lugar, el III Plan Andaluz de Salud establece en su línea prioritaria número II.5 (Reducir las desigualdades en el ámbito de la salud, con especial atención a los colectivos excluidos, personas con trastorno mental severo y carencia de recursos y redes sociales) las siguientes estrategias:
asegurar un adecuado seguimiento de la atención sanitaria con énfasis en la atención domiciliaria e impulsar el desarrollo y coordinación con programas de apoyo social (en áreas de alojamiento, ocupación de empleo, relaciones sociales y tutela jurídica, considerando la situación y necesidades específicas de hombres y mujeres)”.
Pero ¿qué ocurre con estas “personas con trastorno mental severo y carencia de recursos”, indefensas por estar a expensas de eso que se escapa a su consciencia más elemental, un trastorno límite de la personalidad grave, idiopática, trastorno mental psicótico? ¿Qué hacen con estas criaturas que han sido ingresadas en salud mental de Jaén, séptima planta del Hospital Neurotraumatológico, desde que tenían 15 años en más de veinte ocasiones, la mayoría por medio del 061, debido a episodios de heteroagresividad, autolesiones, delirios, alteraciones extremas de conducta con más episodios maniacos, depresivos y de características psicóticas, tras acciones peligrosas contra los familiares más directos, contra ellas mismas o contra la sociedad en general? Les diré lo que hace la institución de salud mental de Jaén: mantenerlos sedados durante una semana o dos, como máximo, y luego echarlos a la calle para que sus familias se ocupen de ellos. No saben, no son competentes para estar en un puesto cuya deontología les exige ser capaces de atender las necesidades de una sociedad que les está pagando y confía ingenuamente en su preparación. Para descargar responsabilidades se apoyan en el argumento de que como los enfermos, repito, con grave trastorno límite de la personalidad, con idiopática y trastorno mental psicótico‒ son mayores de edad y piden voluntariamente el alta, no se la pueden negar. ¿Cómo? ¿Que un especialista en Psiquiatría no sabe que esas personas no tienen voluntad propia? Son casos tan extremos que no pueden decidir por ellas mismas, viven gobernadas por el propio trastorno, que es el que toma, en cualquier momento de su vida, la peor de las decisiones posibles. ¿Por qué no lo dicen públicamente?: “son casos tan complejos que no sabemos cómo tratar”, pero no, se amparan en la legislación para quitarse el muerto de encima, no atienden a los familiares como es debido y se deshacen en excusas inexcusable antes de estampar su firma, que es una forma simple de quitarse, por un tiempo, algo que le producía incomodidad a su rutina de burócrata. Ese es el tratamiento que reciben después de una semana o diez días de estar encerrados
y “empastillados” en la séptima planta del Hospital Neurotraumatológico de Jaén, el lugar más triste del mundo. Y una vez más, otra vez, veinte veces más, el enfermo con trastorno mental severo está en la calle, en medio de un mundo, cuyas relaciones no saben gestionar y que solo les provoca ansiedad y violencia. ¿Quién se ocupa entonces de ellos? ¿Una familia totalmente fracturada, impotente, deshecha y resignada?
¿Qué viene ahora, una vez que la Sanidad Mental Pública ha desahuciado consecutivamente a un enfermo?: proponerle a las familias el ingreso en una clínica privada cuyos costes ascienden a 3.500 euros mensuales por servicios cuya efectividad, a largo plazo cuanto más largo, mejor, es obvio ningún profesional honrado se atreve a garantizar. ¿Qué ciudadano, trabajador medio con 1.000 o 1.200 euros de salario mensual en el mejor de los casos puede hacer frente a esa cantidad? ¿Tiene que hipotecarse de por vida para reparar una culpa que no es suya? Una culpa que los responsables de la Sanidad Mental Pública se han encargado previamente de encajarles como si de una maldición
ancestral se tratara. Recordemos las palabras del Defensor del Pueblo: “Reducir las desigualdades en el ámbito de la salud, con especial atención a los colectivos excluidos, personas con trastorno mental severo y carencia de recursos y redes sociales”.
En resumen, mientras exista un solo ser humano excluido, desahuciado a consecuencia de la ignorancia médica (falta de preparación), de la incompetencia (desidia, pusilanimidad y falta de medios)
y de la deshumanización
(falta de moral) de los profesionales (políticos, técnicos, psiquiatras, psicólogos,
neurólogos, enfermeros, etcétera), cuyas nóminas pagamos todos los ciudadanos; mientras haya, digo, una sola
persona desatendida-desahuciada, la salud mental es una auténtica falacia.