La reforma laboral
El pasado jueves 29 de abril se publicó la Encuesta de Población Activa (EPA) por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE). Los datos, que corresponden al primer trimestre de 2021, son incontrovertibles y representativos de uno de los principales problemas actuales, por no decir el primero, de la economía española, a saber, el elevadísimo nivel de desempleo. En efecto, son 3.653.900 los trabajadores que permanecen en paro en estos momentos, lo que representa el 15,98 por 100 de la población activa. Es conocido que España es uno de los países de la Unión Europea (UE) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayor nivel de desempleo, además de experimentar uno de los más elevados índices de temporalidad en las contrataciones y de estacionalidad.
Este es el contexto en el que desde hace más de dos años se plantea una nueva reforma laboral que, al pedir de unos, derogue completamente la realizada en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy o, en opinión de otros, profundice en la línea de mayor liberalización del mercado de trabajo de aquella normativa legal. En mi opinión, que puede ser ampliamente compartida por los lectores, la mejor reforma laboral será aquella que permita crear empleo o, al menos, no limite su creación, además de que se trate de un empleo estable y de calidad.
Si miramos un poco hacia atrás en el tiempo, vemos que es a partir de 1992 (gobierno de Felipe González) cuando se inicia en España un proceso de progresiva flexibilización del mercado de trabajo, con medidas que incidieron en diversos aspectos de la regulación laboral: contratación, indemnización por despido, prestaciones por desempleo, negociación colectiva, etc. A esta siguieron otras varias impulsadas por los gobiernos de Aznar y de Zapatero, todas en la misma dirección liberalizadora, hasta llegar a la reforma de 2012, que es la más amplia y de mayor calado llevada a cabo y que afectó, principalmente, a la negociación colectiva y a los costes del despido. De los múltiples aspectos que están encima de la mesa negociadora de la reforma, ante la imposibilidad de tratarlos todos en el limitado espacio de esta columna, me voy a quedar con dos de ellos. En primer lugar, la contratación, ya que de los múltiples contratos existentes (por obra o servicio, de lanzamiento de nueva actividad, por circunstancias de la producción, interinidad, indefinido, fijo discontinuo, etcétera), aunque han permitido la creación de empleo en las fases expansivas del ciclo económico, han dado lugar a una excesiva rotación, hasta el punto de que la temporalidad ha llegado al 35 por 100, el triple que la media europea. En segundo lugar, la negociación colectiva. La reforma de 2012 introdujo cambios significativos para disminuir la rigidez de los salarios; otorgó primacía a los convenios de empresa sobre los sectoriales; fijó un límite de un año a la extensión automática de los convenios vencidos (la denominada “ultraactividad”); facilitó a las empresas la no aplicación (“descuelgue”) del convenio sectorial o provincial, por causas económicas, etcétera.
En el contexto actual en el que se afronta la reforma, nos encontramos con dos “almas” enfrentadas en el gobierno de España. Por una parte la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que defiende la prevalencia del convenio sectorial frente al de empresa, así como la eliminación de algunos tipos de contratos temporales, como los de obra o servicio, entre otros aspectos derogatorios; por otra parte la ministra de Economía, Nadia Calviño, defiende que al día de hoy lo más urgente es la modernización de las políticas activas de empleo, consolidar el modelo de los ERTE, un plan de choque contra el desempleo juvenil o la simplificación de los tipos de contratación. El debate no debe de estar en la derogación o no de la reforma de 2012, sino en corregir los aspectos más negativos de aquella, para que se pueda crear empleo cuando entremos en una nueva fase expansiva. Moraleja: “El empleo es una variable dependiente del crecimiento real de la economía y éste depende de la coyuntura internacional y de la competitividad”. Pues eso, una reforma laboral que permita crear empleo.