La ministra fiscal del Gobierno

Los políticos mienten, no cumplen sus promesas, es habitual; que hagan lo contrario de lo que ofrecen en campaña roza lo intolerable, pero que, con el pretexto de constituir un gobierno, inicien el abordaje de instituciones del Estado excede de todo límite. La Constitución —artículo 124— incluye al Ministerio Fiscal en el poder judicial —título VI— y le atribuye la misión de “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como velar por la independencia de los tribunales”. “El fiscal general del Estado será nombrado por el rey Felipe VI a propuesta del Gobierno español oído el CGPJ”. Ante tal claridad, las apariencias no engañan; Sánchez la nombra, por sí y ante
sí, para mandar en ella como vigesimocuarta ministra en un simple cambio de cartera; ahora, sobre la marcha, en las 24 horas siguientes tratará de vestir de juridicidad el “apaño”. No es cuestión de formas, sino de fondo. Se mire como se mire es un ataque a la separación de poderes y lo que es peor, un anuncio de lo que le espera al judicial; nadie podrá llamarse a engaño pues no lo han ocultado sus negociadores y socios; él lo sabe y lo niega.