La inmigración
La crisis migratoria de Ceuta ha desatado ya la dura y descarnada campaña electoral que promete este otoño, cuando si no se logran aprobar los presupuestos, todo apunta a que tendremos convocatoria de elecciones generales anticipadas. El discurso antinmigración y xenófobo es el relato que alimenta y ha hecho crecer a la extrema derecha europea y española y este episodio ha sido para Vox y el PP, una nueva oportunidad de golpear al gobierno, responsabilizándolo de lo que han valorado como una invasión, recordando términos de la edad media. Sin duda Ceuta es la tormenta perfecta para una derecha que ha hecho de la inmigración su caballo de batalla, alimentando a una opinión pública que encuentra en la población inmigrante el problema a todos sus males. El relato de los movimientos ultraderechistas los coloca como los responsables del deterioro de los servicios públicos, la vivienda, o la precariedad laboral. Este relato es el ideal de la derecha que sale así indemnes de las consecuencias de sus políticas de reducción de impuestos, escasas inversiones y políticas públicas del estado del bienestar o reducción del mantenimiento de servicios esenciales, como los recursos de lucha contra los incendios y otras catástrofes. La reciente crisis migratoria en Ceuta ha reabierto un debate legítimo sobre la gestión de las fronteras, la capacidad de acogida y la política migratoria. Pero también ha puesto de manifiesto un fenómeno preocupante: la utilización partidista del sufrimiento humano como instrumento de movilización electoral. Más allá de los discursos ideológicos, la economía española ofrece una evidencia contundente. El informe “Inmigración y mercado de trabajo en España”, publicado por el Real Instituto Elcano, destaca que la población inmigrante representa ya el 23% de las personas ocupadas en nuestro país y que el 90% del empleo nuevo creado entre enero de 2024 y marzo de 2025 fue ocupado por trabajadores migrantes. Algunos sectores dependen de forma especialmente intensa de esta mano de obra. La pregunta, por tanto, no debería ser si España necesita inmigración. La evidencia indica que la necesita. La pregunta correcta es cómo gestionar esa inmigración de manera ordenada, legal, eficaz y respetuosa con los derechos humanos. Resulta legítimo reclamar fronteras seguras, procedimientos eficaces y cooperación internacional. Ningún Estado puede renunciar a gestionar sus fronteras. Pero es una falsa dicotomía presentar la protección de los derechos humanos como incompatible con la seguridad. El coste político de la deshumanización puede ser enorme. La historia europea nos enseña que los discursos construidos sobre el miedo al extranjero raramente se detienen en un solo colectivo. La crisis de Ceuta exige respuestas responsables. Exige reforzar los sistemas de acogida, mejorar la cooperación con Marruecos y la Unión Europea, luchar contra las mafias y crear vías legales y seguras de migración. Exige también apoyar a una ciudad que soporta una presión fronteriza singular. Pero, sobre todo, exige honestidad política. Las personas que se juegan la vida en el mar, los menores abandonados a su suerte, no deben de ser una campaña de marketing político. Una democracia madura puede debatir sobre inmigración. Debe hacerlo. Lo que no debería aceptar es que el dolor humano se convierta en combustible electoral. Debemos seguir exigiendo un humanismo básico si no queremos hacer de
este mundo un lugar insoportable.