La infancia primero
En 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño se convirtió en ley para todos los países que la ratificaron, entre ellos España. Es el tratado internacional de derechos humanos más ratificado y el que por fin consagró legalmente el principio tantas veces escuchado de “los niños, primero”. Desde hace años, sin embargo, y a pesar de las reformas legales llevadas a cabo, nuestro sistema de protección de menores hace aguas por todas partes. No solo es estremecedor escuchar los recientes casos de niñas prostituidas en los centros de menores en varias comunidades autónomas, sino que la profesionalidad con la que se les trata brilla por su ausencia, a lo que se suma el problema de los menores no acompañados, utilizado ideológicamente para lanzar mensajes xenófobos contra la inmigración. Las manifestaciones de diversos presidentes autonómicos quejándose del desbordamiento de los centros, responde a una irresponsabilidad mayúscula, cuando la realidad es que las cifras no han crecido de manera notable en la última década. Los datos hablan por sí solos. Según el observatorio de la infancia, en el año 2020 el número de niñas, niños y adolescentes atendidos por el sistema público de protección ha disminuido respecto a 2019, pasando de 50.272 en 2019 a 49.171 en 2020. De estos menores, según los datos del Defensor del Pueblo, a 31 de diciembre de 2020, había tan sólo 9.030 menores extranjeros no acompañados contabilizados. Es decir que represen una minoría muy escasa de los menores tutelados. En España, la mayoría de las tutelas se realizan en centros residenciales, aunque la tendencia es que estos recursos, tanto los residenciales como la acogida familiar, no tienden a crecer, sino todo lo contrario. Se ha producido una ligera disminución del número de plazas en centros de protección de menores, tanto ordinarios como para menores de edad con problemas de conducta. Pero lo que es tristemente llamativo es observar el aumento que se ha producido en el porcentaje de centros para menores gestionados por entidades colaboradoras, frente a los de titularidad pública. Las entidades privadas gestionan actualmente el 82% de los centros. Esto significa que el sistema de protección de menores lo tenemos delegado a entidades colaboradoras, muchas de ellas empresas, que contratan en condiciones de precariedad a recién titulados, con escasa o nula experiencia en trabajar con personas tan vulnerables y con tantas necesidades de apoyo como los niños y adolescentes. De los 1.219 centros de protección de menores que hay en España, según el censo de 2020, solo 218 son de titularidad pública. Tampoco en nuestro país contamos con una amplia red de familias acogedoras con formación, sensibilidad y remuneración suficiente para poder acometer este tipo de servicios a la comunidad. Mientras todo esto acontece resulta que además nadie quiere en adopción a estos menores. De los casi 50.000 que tenemos tutelados, en el último año sólo se adoptaron a 537. Es decir, una tasa de 6,5, bajísima tasa para un país lleno de familias que hacen lo indecible por la adopción internacional y que incluso reclama acciones legales para legalizar los vientres de alquiler. Está claro que las últimas modificaciones legislativas llevadas a cabo en 2015 han resultado claramente insuficientes para poner solución a los agujeros que tiene nuestro sistema de protección a la infancia. Se requiere urgentemente una acción contundente de todos los poderes públicos y sobre todo una inversión suficiente para desarrollar políticas públicas eficientes para no abandonar a su suerte, a quienes han tenido ya la mala suerte de no nacer en familias que les brinden el amor y los mínimos de subsistencia que plantea la convención de los derechos del niño. Déjense de quejarse e inviertan en servicios y profesionales bien formados, para no condenar a estos menores a reproducir sus duras biografías. Es hora de levantar la tupida alfombra que desde hace años está ocultando la grave violación de derechos de la infancia en nuestro país.