La Constitución no se rompe

Hemos celebrado recientemente el cuadragésimo segundo aniversario de la Constitución y alguien ha dicho que con “mala salud de hierro”. Quizás se refería a esos chats de exmilitares, nostálgicos de la dictadura, que expresaban su deseo de acabar con el gobierno legítimo y fusilar a 26 millones de españoles. El mundo al revés: militares retirados, defensores de Franco y algunos implicados en el golpe de Tejero, firmaban cartas en nombre de la democracia y en defensa de la Constitución. Larra, en “El Pobrecito Hablador”, se refirió a estas actitudes como “el falso e inoperante patriotismo”. Pero tan sorprendente como estos manifiestos, ha sido que la presidenta de la Comunidad de Madrid y lideresa del PP, haya mostrado su acuerdo “con la literalidad” del chat de los militares retirados y haya reiterado que tienen razón al advertir el “grave riesgo para la unidad de España y el orden constitucional”. Unos días después, Isabel Ayuso ha dicho que “no todos los ciudadanos somos iguales”, refiriéndose a los asuntos pendientes del Rey emérito con la Justicia. Cuestionaba así uno de los principios de Montesquieu, presente en todas las Constituciones del mundo: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Lleva razón la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, cuando, en la conmemoración oficial de nuestra Constitución, pedía que se hiciera una lectura “inclusiva e integradora” de la Carta Magna y que nadie se apropie de ella para “usos partidistas”. Angela Merkel que, recientemente desarticuló una unidad militar por sus conexiones con la extrema derecha, en un discurso reciente en el Parlamento alemán, ha dicho que la libertad de expresión tiene límites, que comienzan cuando se propaga el odio. Para quienes propagan el “España se rompe” hay que recordarles que esto sólo ocurre cuando arden seres humanos en viviendas que revelan el drama migratorio o aumentan las diferencias de renta perjudicando a quienes están empobrecidos. La literalidad de la Constitución debería ser el cumplimiento de los artículos de contenido social; el incremento de recursos para la educación y la sanidad públicas; el reconocimiento del otro; la construcción de la libertad desde la solidaridad; la ética de la responsabilidad; el fomento de la confianza de la ciudadanía en las instituciones; el respeto por el consenso; el fomento en los centros educativos del espíritu constitucional.