La confidencialidad de los abogados

La calidad del Estado de Derecho reside en el cumplimiento cotidiano de ciertas reglas imprescindibles; la garantía de los derechos de los ciudadanos precisa de protección cuando se encuentra en riesgo. Nuestro ordenamiento ha dado ejemplo de respeto a estas cautelas cuando fue necesario; los tribunales ante la grabación de conversaciones entre abogado y cliente, cortaron de raíz y con dureza hasta dar al traste con la carrera de un afamado juez. Agravada ahora por la motivación de su burda utilización política, vuelve la violación del secreto de las comunicaciones de un abogado en ejercicio de su deber de defensa. La abogacía ha reaccionado con contundencia denunciando una vez más que la difusión del contenido de correos electrónicos de la defensa de un investigado por el Fiscal resulta execrable y debe ser castigada como violación esencial de derechos del acusado; el legítimo deber de informar del MF tiene en ello un claro límite. Así las cosas, el protocolo de conformidades, que tanto alivia la función de enjuiciamiento y descarga de trabajo a jueces y fiscales, no puede continuar ni un solo día en vigor sin el previo castigo ejemplar y la erradicación de tales despropósitos.