Infraestructuras ferroviarias
Se entiende por infraestructura, según la RAE, “un conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen funcionamiento de un país, de una región, provincia, ciudad o de cualquier organización”. Invertir en infraestructuras supone aumentar el stock de capital de la economía, incrementando así el potencial de crecimiento futuro. En suma, el concepto de infraestructura se suele limitar a aquella parte del capital público que se orienta principalmente a las empresas, aunque no exclusivamente, y que condiciona la capacidad y funcionamiento del sistema productivo. Podemos referirnos a infraestructuras viarias (carreteras, autovías y autopistas), hidráulicas, ferrocarriles, aeroportuarias, portuarias y urbanas. En conclusión, las infraestructuras son bienes de capital, esencialmente de naturaleza pública, cuyos efectos externos poseen una acusada delimitación espacial y son esenciales para el crecimiento y el desarrollo económico del territorio. De entre todos los tipos de infraestructuras existentes, hoy nos vamos a centrar en el ferrocarril.
En España la inversión en ferrocarriles se inició con la publicación de la Ley General de Ferrocarriles de 1855, siendo a partir de ese momento cuando capitales franceses, ingleses y belgas acudieron el país y construyeron durante el siglo XIX la mayor parte del tendido ferroviario español. Durante décadas el ferrocarril fue el medio de transporte por antonomasia, tanto para las mercancías como para el desplazamiento de las personas. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, la carretera sustituyó al ferrocarril, viéndose desplazado el tren por el camión y el automóvil, con los costes de contaminación ambiental, siniestralidad e ineficiencia económica que ello comporta. A finales del siglo XX irrumpe en España la alta velocidad, el AVE, dando un giro copernicano a la percepción del ferrocarril y situándolo como el nuevo medio de transporte del siglo XXI.
Si descendemos a Jaén, en el I Plan Estratégico, aprobado en el año 2000, se reconocía como una debilidad de nuestro sistema de infraestructuras “la inexistencia de alternativas adecuadas al transporte por carretera”, vislumbrándose como una amenaza “la tendencia al aislamiento ferroviario desde la apertura de la línea del AVE” y reconociendo la lentitud de los viajes, los escasos servicios, la falta de mejora en las vías, la insuficiencia de líneas y, por tanto, la reducción de la demanda. Para optimizar el potencial de servicios de ferrocarril se proponían, hace 25 años, las siguientes medidas: adecuación de la línea Jaén-Madrid entre Jaén y Santa Cruz de Mudela a la velocidad alta (200 Km/h); acondicionamiento de la línea Jaén-Córdoba para posibilitar una conexión rápida con los trenes AVE; enlace ferroviario de Jaén con Granada; así como la puesta en marcha de servicios de cercanías que articularan los núcleos de las distintas áreas urbanas jiennenses. El objetivo no era otro que conseguir la diversificación del transporte mediante el aumento del número de líneas, servicios, calidad y rapidez del ferrocarril, que le permitiera ser competitivo con la carretera, como también fomentar el transporte público, la comodidad de los desplazamientos, el ahorro de costes y la reducción del impacto ambiental. En el II Plan Estratégico de la provincia, aprobado en 2012, se seguían considerando como proyectos estratégicos y estructurantes: las líneas de altas prestaciones Jaén-Córdoba y Jaén-Alcázar de San Juan-Madrid, la unión directa Jaén-Granada y la línea Almería-Linares. El Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén, en su “Informe sobre la situación del ferrocarril y propuesta de mejora de los servicios ferroviarios”, de 2017, también ponía el énfasis en similares soluciones a las alumbradas en los dos planes estratégicos.
¿Qué se ha hecho para mejorar las conexiones ferroviarias de la provincia? La respuesta es sencilla: NADA. Entonces, que nadie “nos venga con milongas”, ni nos “cuente cuentos chinos”, ni trate de embaucarnos, ya que es evidente que Jaén, en el ámbito ferroviario, no es una prioridad gubernamental.
