Financiación singular (II)

    01 oct 2024 / 12:20 H.
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    En mi anterior colaboración en Diario JAÉN —16 de septiembre de 2024— analicé el acuerdo para la investidura del presidente de la Generalitat suscrito por el PSC y ERC, en los aspectos relativos a la financiación singular de Cataluña, llegando a la conclusión de que en la literalidad del mismo se contemplaba un concierto fiscal al estilo de los del País Vasco y Navarra, lo que llevaría implícita la salida de la comunidad catalana del régimen común vigente para las restantes autonomías. No obstante, también quedó dicho que, al tratarse de la reforma de una ley orgánica, se requiere su aprobación por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que al día de hoy se antoja hartamente difícil.

    Recordemos que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 1980 establecía para las comunidades de régimen común —todas menos País Vasco y Navarra— un sistema integrado por la financiación incondicionada: Participación en los Ingresos del Estado, tributos y tasas cedidos (Patrimonio, Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y tasas sobre el juego); la financiación propia (tributos creados por las comunidades, recargos sobre tributos estatales, ingresos de su patrimonio y operaciones de endeudamiento) y, por último, la financiación condicionada y el Fondo de Compensación Interterritorial, destinado a corregir desequilibrios económicos entre las regiones.

    A lo largo de estas más de cuatro décadas se han ido introduciendo reformas, consistentes en la mayor capacidad normativa de los entes territoriales y en la cesión creciente de tributos estatales, básicamente. En concreto, el IRPF ha pasado desde la cesión del 15% para el período 1992-1996 hasta el 50% a partir de 2010; el IVA, un recurso estatal no cedido hasta 2002, en que se hizo en el 35% de la recaudación, hasta su cesión en el 50% desde 2010. Igual podemos citar a los impuestos especiales (Hidrocarburos, Tabaco y Bebidas Alcohólicas) cedidos hoy en un 58% e, incluso, los Impuestos sobre la Electricidad, Matriculación de Vehículos y Venta Minorista de Hidrocarburos, cedidos en el 100%. El Impuesto sobre Sociedades es el único no cedido.

    Desde mi punto de vista, el próximo sistema de financiación de las comunidades autónomas (CCAA) deberá contemplar los principios de solidaridad entre las regiones e igualdad en los niveles de prestación de los servicios públicos. Hasta ahora, el modelo existente limita las posibilidades de convergencia entre los diferentes territorios del Estado. Así, el vigente principio del statu quo establece que: “ninguna CCAA puede perder recursos respecto a la situación del modelo anterior”. Por su parte, el principio de ordinalidad establece que: “las CCAA con mayor capacidad recaudatoria no pueden tener menos financiación por habitante que otras con menor capacidad”. No olvidemos que, en el acuerdo de investidura, motivación central de este análisis, se dice literalmente que: “La solidaridad entre las CCAA debe estar limitada por el principio de ordinalidad”.

    Se puede afirmar que los principios de ordinalidad y de statu quo han limitado las posibilidades de convergencia real entre las CCAA. A mi juicio, ninguna comunidad puede permitir que sus ciudadanos estén peor financiados que los de otros territorios del Estado, como tampoco se pueden permitir privilegios a favor de otros que perjudiquen nuestros intereses. En suma, la solidaridad interterritorial debe propiciar la convergencia entre CCAA. En este mismo sentido se ha manifestado, entre otros, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), que ha señalado que: “El sistema propuesto podría tener un impacto negativo sobre la cohesión territorial y comprometer la capacidad del Estado para mantener un sistema de financiación justo y equilibrado”. Si esto se lleva adelante, habrá ganadores y perdedores, ya que para que los que salen del sistema puedan ganar, los que se quedan tendrán que perder. No hay duda de que se habrá de conseguir la cohesión y la eficiencia a través de un nuevo sistema de financiación autonómica. El Congreso de los Diputados tendrá la última palabra.

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