Financiación municipal
El sector público español se corresponde con un Estado descentralizado con tres niveles de gobierno: central, autonómico y local. Hoy vamos a fijar nuestra atención en la administración local, integrada por las diputaciones provinciales y por los ayuntamientos. Es el sector más débil porque frente al 32 por 100 del gasto consolidado que ejecutan las autonomías, el 37 de la Seguridad Social o el 21 de la administración central, el sector local apenas controla el 10 por 100 del gasto público (datos pre-crisis pandémica). Históricamente han sido dos los hechos caracterizadores de la actividad financiera de los municipios, uno, el ya señalado escaso peso del sector público local en España y, el otro, la insuficiencia financiera crónica. En nuestro país nos acordamos de forma reiterada y periódica del déficit de la Seguridad Social (pensiones), así como de la financiación de las comunidades autónomas, pero poco nos preocupamos por la salud económica de nuestros ayuntamientos, la administración más cercana al ciudadano.
Nuestro modelo de financiación de las haciendas locales no se corresponde con ninguno de los existentes. Primero, el nórdico y centroeuropeo, que se basa en un impuesto de base elástica y potente, tal y cual es el impuesto sobre la renta, que adquiere forma de tributo local en Dinamarca, Suecia o Suiza, entre otros países, o en forma de participación en el impuesto estatal sobre la renta, como es el caso de Alemania o de Austria. Segundo, el anglosajón, que se basa en un fuerte tributo sobre la propiedad inmobiliaria, como ocurre en Canadá, Reino Unido o USA. Tercero, existe otro que concede un alto peso a las transferencias de otras administraciones, lo que sucede en Italia o en Holanda. En España disponemos de un modelo híbrido, en el que no existen impuestos locales de base fuerte y flexible, aunque quizás podría llegar a serlo el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), además de que el peso relativo de las subvenciones (transferencias) es inferior al caso italiano u holandés. En suma, sería conveniente que en la agenda política española se vaya haciendo hueco la reforma de la financiación local. El déficit crónico de nuestros ayuntamientos se vio paliado artificialmente con la denominada “Regla del gasto de los ayuntamientos” (Ley Orgánica 2/012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera), que les impedía recurrir a los remanentes (recursos no ejecutados) de ejercicios anteriores, aunque con la crisis pandémica se ha suspendido temporalmente. El más reciente revés a la salud financiera de los entes locales ha sido la sentencia del Tribunal Constitucional, del pasado 26 de octubre de 2021, por la que se anuló la plusvalía municipal, argumentando que la forma de calcularla iba en contra del principio de capacidad económica, ya que la fórmula de cálculo de la base imponible del tributo no garantizaba que los contribuyentes que no obtenían una ganancia por la venta de un inmueble quedaran exentos de pagarlo. En efecto, es absurdo pagar plusvalía cuando la misma no se ha generado. El Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, ha reformulado la figura del impuesto. Como es lógico, está por ver cómo afectará a la financiación municipal.
El ayuntamiento de Jaén capital era en 2020 el más endeudado, en términos per cápita, de España, con una deuda acumulada de 4.267 euros por habitante, seguido de Jerez de la Frontera (3.753), Parla en Madrid (3.090), Algeciras (1.740) y Burgos (1.174 euros). Como sabemos, la situación de nuestras arcas municipales es insostenible, como la de otros ayuntamientos. De hecho, en Jaén, el pasado mes de julio de 2021 el pleno municipal aprobó la refinanciación de 430 millones de euros hasta 2050, es decir, seguiremos hipotecados varias décadas más. Por cuanto antecede, cabe concluir que ha llegado la hora de plantear la reforma del modelo de financiación de las administraciones locales, ya que la expansión de los servicios municipales, las deficiencias de equipamientos e infraestructuras urbanas y los nuevos hábitos de vida, han llevado a muchos ayuntamientos a sufrir un déficit financiero estructural.