Financiación autonómica

Elaborar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas es una tarea, a mi juicio, hartamente difícil, puesto que en la determinación del marco hay cuestiones que son técnicas, objetivables, científicas, generales, en las que sería fácil llegar a un nivel aceptable de acuerdo; sin embargo, hay otras que son ideológicas, políticas, en las que unos grupos parlamentarios, incluso unos territorios, se hallarán en las antípodas de los otros y, consecuentemente, con grandes dificultades para llegar a una posición común. Parece evidente que el vigente sistema de financiación, que data de 2009, ya toca reformarlo. Por una parte, porque se ha superado el plazo razonable para ello. Tras el intervalo transitorio establecido por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) de 1980, el modelo definitivo estuvo inicialmente vigente durante el período 1987-1991 (5 años), experimentando reformas sucesivas para las etapas 1992-1996 (5 años), 1997-2001 (5 años), 2002-2009 (8 años), habiendo transcurrido ya otros 12 años desde la entrada en vigor de la última reforma. Por otra parte, porque el actual sistema presenta problemas que es necesario solventar: a) Es complicado y poco transparente; b) Genera una distribución de financiación por habitante ajustado que es desigual; c) Adolece de un déficit de responsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas, lo que proviene de un nivel mejorable de autonomía de ingresos y d) Presenta una total ausencia de mecanismos de estabilización para afrontar crisis fiscales como la vivida en la Gran Recesión, a partir de 2008, o en la originada por la covid-19.

Si descendemos hasta pisar tierra en Andalucía, deberemos contestar a la siguiente pregunta: ¿El vigente sistema de financiación ha beneficiado o ha perjudicado a Andalucía, con relación al conjunto de las Comunidades Autónomas de régimen común? El “Índice de financiación definitiva a competencias homogéneas por habitante ajustado”, para una media nacional igual a 100, en Andalucía era del 91,8 en 2009, el 95,2 (2011); 96,5 (2013); 96,1(2015); 95,5 (2017) y 95,5 (2019) Es decir, durante todo el período la media de Andalucía permanece por debajo de la media nacional y muy inferior a otras comunidades autónomas, tales como Cantabria (117,2 en 2019), La Rioja (113,3) o Baleares (110,4 en 2019). Todo ello teniendo en cuenta que nuestra región es una de las Comunidades Autónomas españolas con menor nivel de renta per cápita y con mayor tasa de desempleo. En suma, podemos sacar unas primeras conclusiones: 1) El actual sistema perjudica a Andalucía respecto a la media nacional; 2) El principio de solidaridad interterritorial es manifiestamente mejorable; 3) El sistema no ha permitido la convergencia interterritorial en la financiación per cápita; de hecho, en 2009 la diferencia entre la CCAA que más recibía y la que menos era de 488 euros; en 2015 ese gap subió hasta 818 euros y en 2019 se ha situado en 704 (en este último ejercicio un andaluz recibía 2.833 euros al año de financiación, frente a los 3.321 de los cántabros o los 2.617 de los valencianos). Estas diferencias son injustas, sin paliativos; 4) Parece claro que habrá que reformar el concepto de “población ajustada” o “unidad de necesidad”, que actualmente se obtiene ponderando la población total con la superficie, la dispersión, la insularidad, la proporción de menores de 16 años o de mayores de 65, etcétera.

Un tema siempre controvertido al tratar la financiación autonómica es el relativo a las comunidades que gozan del denominado Régimen Foral, es decir, el País Vasco y Navarra. Dos únicas cuestiones he de señalar al respecto. En primer lugar, que el sistema de financiación foral favorece claramente a los habitantes de estos territorios y, en segundo lugar, que en el “cupo” se debería contemplar una aportación específica para la solidaridad interregional. Termino manifestando que, a mi juicio, Andalucía no puede permitir que sus ciudadanos estén peor financiados que los de otros territorios del Estado español. La solidaridad interterritorial debe propiciar la convergencia entre las Comunidades Autónomas.