Felicidad como castigo

Lo miraban sorprendidas desde la ventana. Su sombrero le daba un aire de intelectual. Él con un torpe caminar, ropa limpia y cuidada, una talla mayor a la correcta, se apoyaba en su bastón. En la otra mano portaba una vara de caminante. Abrió el contenedor de basura y con ella rebuscó en el contenido extrayendo dos barras de pan que rápidamente sacó de sus bolsas. Con ellas en la mano, trató de pasar desapercibido atajando entre los contenedores para subir a la acera y continuar como cualquier caminante. Podría ser ficción, pero no lo es. Escenas como esta se pueden observar a diario en los centros de suministros básicos para quien ya no tiene nada, los contenedores. La Constitución Española nos define como un Estado Social Democrático de Derecho. Un estado solidario. Solidaridad autoimpuesta. Todos responsables de todos. Es nuestro contrato social. Los derechos y deberes de la ciudadanía. A los responsables públicos les concierne cumplir y hacer cumplir el contrato, máxime si pertenecen a partidos que se definen como constitucionalistas y no interpretarlo interesadamente, buscando hacer creer que quien “carece” es un parasito social. Definen de “mantenidos subvencionados” a quienes se ven obligados a las colas para recibir la ayuda benéfica de una organización subvencionada, que sin obligación alguna trata atender esta necesidad, mientras quien ostenta el poder político no cumple con su obligación. Las políticas sociales no pueden ser graciables al albur de las subvenciones del gobierno autonómico. En cambio, se jactan de que la libertad es consumo, logrando así la felicidad como objetivo de vida. El razonamiento es fácil. Si la felicidad es vida y esta se obtiene por el consumo, quien carece de esta posibilidad es infeliz y no tiene derecho vivir. No nos consideran como personas sino como clientes. Con las carencias actuales, los responsables políticos deben propiciar y trabajar en el consenso de medidas que nos permitan salir de la situación compleja, objetivo implícito en una democracia, y no hacer política para su partido buscando excluir del espacio político al adversario, provocando elecciones para dos años ¿para cuándo una ley que obligue a completar legislaturas siempre que no exista una moción de censura? Un responsable público tampoco puede presumir de los recursos que gestiona en su autonomía como valor de su política, en tanto se tienen como resultado de nuestra historia y organización social centralista que los ha concentrado como un cruce obligado y centro de poder, hecho que no se ha revertido aún. ¿Qué pasaría si en el mundo de la digitalización y las comunicaciones instantáneas descentralizásemos las instituciones de poder judicial, legislativo, económico y los ubicáramos en otras provincias de la España vaciada? El valor añadido crearía desarrollo. Exijamos que este modelo de tratar frívolamente el debate público no se copie evitando el debate democrático real. Por favor sea feliz y disfrute de ello, pero no nos humille. Ahora que estamos en tiempos de análisis en nuestra provincia, habría que preguntase por qué formamos parte de la España olvidada a la que se le mira desde los tópicos y promesas fáciles. Con 19,5 millones que han costado las elecciones de Madrid, ¿cuántas barras de pan se podrían haber comprado? Llámenme demagogo. Colas de la desesperación en un mundo rebosante de felicidad.