Extrema emergencia

    02 oct 2021 / 11:48 H.
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    Tras la pandemia y el confinamiento, aunque se trate de silenciar, está bien claro que hay que considerar las variables de género y clase social como las determinantes para propiciar el verdadero cambio social y económico de nuestro país. Es imperiosa la necesidad de basar el desarrollo económico en el bien común y en la igualdad reduciendo las desigualdades de género y de clase social para mejorar el bienestar de la mayoría de la población. Se deben articular verdaderas políticas de liberación de las clases populares con políticas de liberación de la mujer. Las enormes crisis sociales y económicas que hemos vivido y que estamos viviendo son consecuencia del gran error que el pensamiento neoliberal ha promocionado; no se puede asumir que las desigualdades, creadas por el mercado, son una condición indispensable para alcanzar el éxito económico.

    Los partidos de derechas en nuestro país se han presentado siempre como los grandes defensores de la familia por la gran popularidad que esta institución social tiene en nuestra sociedad y solo para conseguir rentabilidad política. La realidad y la situación actual muestra la enorme hipocresía existente en la retórica de estos partidos; supuestamente ponen a las familias como el centro de la sociedad a la vez que se las ignora desde el Estado y no se da respuesta a sus necesidades. España es uno de los países de la UE-15 que destina menos recursos a los servicios del Estado de Bienestar limitando gravemente el derecho que tiene la ciudadanía a los tres pilares
    fundamentales de ese Estado Social: los servicios sanitarios, la jubilación y la educación. Pero donde hay más escasez aún es en los
    servicios de cuidado como en la atención a las personas dependientes, con la atención domiciliaria y residencial, y en la atención
    y la educación a la primera infancia. Servicios esenciales para las familias españolas y
    que deberían ser el cuarto pilar de nuestro estado de bienestar.

    En nuestro país hablar de familia quiere decir hablar de mujeres. En las anteriores crisis al igual que en esta última con la pandemia se ha vuelto a ver claramente que el actual sistema de atención a la dependencia y a la infancia es tremendamente insuficiente y que conlleva la enorme y dramática explotación de las mujeres. Esas mujeres a las que se les priva de sus derechos y se les fuerza a retirarse y a no participar en el mercado de trabajo en igualdad con los hombres. Esta falta de sensibilidad y esta hipocresía es la razón por la que las mujeres en nuestro país tienen tan escaso poder, sobre todo las que forman parte de las clases populares, esas a las que se explota aún más y en las que se acentúa aún más la explotación y sobrecarga.

    Vivimos en un país donde las cuidadoras familiares, las trabajadoras de servicios de atención a la dependencia o de atención y educación infantil de cero a tres años desarrollan su labor en una precariedad generalizada. Las trabajadoras del hogar ni siquiera tienen reconocidos los derechos del Estatuto de los Trabajadores. Esas mismas mujeres sobre las que recae la responsabilidad del cuidado de los niños y de las personas dependientes. Nuestro sistema no solo viola los derechos fundamentales de estas personas que se dedican al cuidado, sino también los derechos de las personas dependientes y de nuestros niños que no ven atendidas sus necesidades básicas de forma suficiente y adecuada.

    A esos partidos e instituciones que tanto vocean la palabra familia hay que recordarles que esa falta de servicios públicos de atención a las personas dependientes y de educación de la primera infancia, como derecho universal e individual a una atención de calidad y suficiente, afecta negativamente a las familias. Y también hay que recordarles que las personas pertenecientes a familias que no pueden pagarse esos servicios sufren esa desigualdad de género y de clase social. Los niños de las familias que no pueden permitirse esos centros educativos quedan excluidos de tener una igualdad de oportunidades en su desarrollo educativo; algo que un sistema democrático debería garantizar a todos.

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