Qué falta de respeto, qué atropello a la razón” decía el tango de Julio Sosa titulado Cambalache, y así seguimos. Los que más injusticias y crímenes cometen son los que hoy en el siglo XXI imponen las normas. El mundo está del revés y casi nadie saca los pies del plato para acabar con esta situación. Podemos darle las vueltas que queramos, pero, en mi opinión, matar de hambre a una población indefensa es un crimen de lesa humanidad. Dentro de los casos más brutales, quizás el más cruento y criminal, está el del embargo impuesto desde hace sesenta y cinco años a Cuba y perpetrado por Estados Unidos. A la isla le ha supuesto un coste de ciento setenta mil millones de dólares desde el inicio de este embargo. Con ese dinero se podría haber alimentado a todos los cubanos durante más de cien años sin problema. Y lo que está claro es que no ha servido para cambiar este régimen político. Estas sanciones y este embargo, por su intención y por sus efectos, deberían tener la consideración de crimen de lesa humanidad. Es un crimen de este tipo porque estos actos son considerados delitos internacionales por los grandes sufrimientos que se buscan causar en la población civil y por atentar gravemente contra la integridad de las víctimas. Ellos mismos reconocían en 1960 que su intención con este embargo era “Negar dinero y suministros a Cuba, reducir los salarios monetarios y reales, provocar hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno”, según reconocía el seis de abril de ese año el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos Interamericanos.
Lo peor de todo es que este tipo de sanciones económicas casi nunca sirven para alcanzar los objetivos estratégicos o políticos que supuestamente perseguían. La historia está ahí y los estudios sobre este tema muestran que estas medidas son parcialmente eficaces y casi siempre lo son en aspectos menores. Las sanciones económicas parecen servir únicamente para provocar dolor y sufrimiento en la gente corriente y en los inocentes, y no consiguen esos efectos de cambio que supuestamente justifican estas acciones. La realidad es que los que están al mando de las grandes potencias que imponen estas políticas merecen nuestra condena. A cualquier persona razonable no se le escapa que buscar en actos crueles contra otros seres humanos alguna utilidad es ya de por sí inmoral.
Este tipo de embargos y sanciones son un tipo de guerra mucho más cruel y despiadada que la guerra convencional, aunque no sea declarada como tal. Estas sanciones no van enfocadas a atacar a los sujetos activos de un conflicto bélico, sino que se dirigen a destruir a la población civil, y aunque estén sujetas al derecho internacional, lo que han buscado es causar el mayor daño posible a personas inocentes. Las mismas Naciones Unidas en el año 2014 manifestaron su alarma por “los costos humanos desproporcionados e indiscriminados de las sanciones unilaterales y sus efectos negativos en la población civil”. En 1960 el número de países sujetos a sanciones por parte de Estados Unidos, Europa o la ONU era inferior al 4% de los países del mundo. Hoy en día ha aumentado hasta alcanzar el 27%. Y a estas alturas sí hay ya numerosos estudios que documentan sus efectos de forma exhaustiva.
Las sanciones económicas en todo el mundo han provocado desde el año 1971 hasta el año 2021 una media de 564.258 muertes cada año, cuando el promedio anual de bajas como consecuencia de combates en guerras declaradas es de 106.000 muertes al año. El 51 % de todas esas muertes, 287.771, corresponde a niños y niñas, y el 26 % a personas de entre 60 y 80 años. En resumen, 28,2 millones de personas han muerto como consecuencia de estas guerras no declaradas en los últimos 50 años, 1.545 personas muertas de media al día. En total, por lo tanto, resulta que las sanciones económicas, las guerras no declaradas para provocar dolor y sufrimiento a la población civil han matado a 28,2 millones de personas en 50 años. A todas estas sanciones sí se le podría llamar Tercera Guerra Mundial silenciosa por el número de muertes provocadas. ¿Y todo eso para qué?