¿Elegir entre igualdad o prioridad?

La polémica provocada por la pretensión de algunos que defienden una “prioridad nacional” en el acceso a prestaciones sociales, se viene alimentando interesadamente con ejemplos de situaciones dramáticas —el coste de mantenimiento de ancianos dependientes frente al destinado a “menores no acompañados” o la elección al límite entre la asistencia sanitaria crítica a un extranjero en detrimento de un “nacional”— no es sino una provocación teórica de chovinismo farisaico. El dilema está mal planteado, no se puede enfrentar la prioridad —ni incluso el arraigo o la ausencia de éste— a la igualdad en los derechos humanos; la respuesta legal en países “civilizados” es clara y contundente: la acción social debe ser para todos. El Estado —todo aquel que se precie— debe proveer los medios necesarios para atender por igual las necesidades básicas de cuantos habiten en su territorio, con preferencia a otros gastos destinados a la pura acción política ideológica. Otra cuestión es que el Estado debe regular la inmigración con normas claras que legítimamente la ordenen y limiten, pero —como ha señalado Benedicto XIV— “si llegan, merecen el respeto que le corresponde a todo ser humano por su dignidad”.

¿Elegir entre igualdad o prioridad?

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