El sector público

En España el gasto público se elevó en 2021 hasta los 609.776 millones de euros, lo que representa un 50,6 por 100 del PIB. Si nos fijamos en las diferentes partidas, podemos observar que en un primer lugar destacado se sitúan las pensiones (en marzo de 2022 se ha alcanzado la cifra récord de 10.781,75 millones de euros en un solo mes). Siguen en importancia cuantitativa el gasto en sanidad, la educación, el mantenimiento de los servicios generales, los intereses de la deuda pública, justicia, orden público y seguridad, las prestaciones por desempleo, la protección del medio ambiente y la defensa nacional. Ante tan ingente cantidad de recursos manejados por el sector público, la primera pregunta que nos podemos realizar es, ¿cuál es la función del Estado en la economía? Si le preguntamos al padre de la ciencia económica, Adam Smith, nos dirá que ha de ser el mínimo posible; en concreto, garantizar la seguridad jurídica —cumplimiento de los contratos—, la seguridad física —orden público—, así como realizar aquellas funciones que son incompatibles con los beneficios individuales, como proporcionar infraestructuras, por ejemplo. En la actualidad, en cualquier país desarrollado, los objetivos de la intervención del sector público en la economía son, tal y como señalan José María Serrano y Eduardo Bandrés: en primer lugar, paliar los fallos del mercado en las situaciones en que éste no consigue por sí solo una asignación eficiente de recursos, como es el caso de los monopolios, la contaminación ambiental o la producción de bienes públicos en los que no es posible la exclusión (la defensa); en segundo lugar, modificar la distribución de la renta buscando una mayor igualdad mediante políticas de gasto público, tales como transferencias en efectivo —subsidios y subvenciones— o bien mediante transferencias en especie —gasto en educación, sanidad o servicios sociales—; en tercer lugar, el Estado debe tratar de reducir las perturbaciones cíclicas de la economía y conseguir una senda equilibrada de crecimiento. Ahora bien, la existencia de fallos del mercado pone de manifiesto que no siempre la autoridad pública obtiene los mejores resultados. De hecho, existen razones por las que los gobiernos fallan; por ejemplo, por la existencia de grupos de presión —sindicatos, patronal y grupos políticos—, que defienden intereses parciales. Asimismo, la gestión de elevados recursos plantea problemas de eficiencia en servicios en los que no hay competencia o es muy limitada. Todo lo cual nos lleva a cuestionar su excesiva intervención, ya que puede introducir distorsiones en la economía.

Para hacer frente a este alto volumen de gasto, el Estado ha de recaudar ingresos. En la actualidad, más del 90 por 100 de los mismos provienen de tres partidas: cotizaciones sociales, impuestos directos sobre la renta, el patrimonio y el capital; e impuestos indirectos sobre la producción e importaciones –IVA e impuestos especiales-, ya que los restantes han venido disminuyendo progresivamente, como los beneficios de las empresas públicas o los flujos financieros de la UE. Para terminar el ciclo del sector público, hay que señalar que si los gastos superan a los ingresos se genera déficit público. En efecto, en España en 2021 el mismo ascendió a 82.819 millones de euros (6,87 por 100 del PIB). Para financiarlo el sector público emite deuda pública, siendo la acumulada en España en 2021 de 1.427.235 millones de euros (casi un billón y medio), lo que equivale al 118,4 por 100 del PIB. La pregunta inmediata es, ¿cuál es nuestra situación en comparación con nuestro entorno? Pues bien, España registró el sexto déficit más elevado de la Unión Europea en 2021, tras Malta, Grecia, Letonia, Italia y Rumanía y al mismo nivel que Francia. Por lo que respecta a la deuda pública viva, los países más endeudados fueron Grecia, Italia, Portugal y España, seguida muy de cerca por Francia. En suma, no somos tan “raritos” como algunos afirman, pero sí que hay que buscar una mayor eficiencia en la intervención del sector público y evitar que se convierta en un actor que genere más distorsiones que beneficios.