El reto de la vivienda
Hoy son muchos los retos de futuro a los que se enfrenta la economía y la sociedad española, tales como el cambio climático, despoblación, inteligencia artificial (IA), digitalización, innovación, economía circular, recursos hídricos, sostenibilidad del desarrollo, servicios públicos de calidad, relevo generacional, inversión de la pirámide poblacional, etcétera, pero sobre todos ellos emerge el derecho a la vivienda. En efecto, el artículo 47 de la Constitución Española de 1978 establece que: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las nomas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando las condiciones del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Han transcurrido 48 años y el problema sigue sin resolverse. En 2023 se promulgó la primera ley de la vivienda de la España democrática, la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Entre otros aspectos, la norma pretendía dotar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos de herramientas para contribuir a aumentar el parque de viviendas, garantizar el derecho a acceder a una vivienda digna, reducir la bolsa de viviendas vacías, incrementar la oferta en alquiler social, regular los alquileres en zonas tensionadas, etcétera.
¿Se ha resuelto o, al menos, paliado el problema de la vivienda en España tras la ley de 2023? Es evidente que no, ya que los precios alcanzan unos niveles inasequibles para la inmensa mayoría de los españoles, ello tanto para la adquisición como para el acceso al alquiler. Veamos los datos que nos proporcionan Idealista y Fotocasa. En 2026 el precio medio de compra de una vivienda en España era de 2.930 euros el metro cuadrado o, lo que es lo mismo, 263.700 euros un piso de 90 m2. Se trata de precios medios, ya que el máximo es de 5.575 en Baleares, siendo el mínimo de 886 euros en Jaén. Evidentemente, no rige el mismo precio en los barrios de Chamartín o Salamanca —los más ricos de Madrid— que en Vallecas o Usera —los de menor renta—. Tampoco el coste es el mismo en Pontones o Hinojares, que en Jaén capital y, en ésta última, no son comparables el centro con el barrio de la Magdalena. Por lo que al alquiler se refiere, el precio medio de España se sitúa en 15,1 euros —un total de 1.359 euros mensuales para un piso de 90 metros cuadrados—, registrándose el máximo de España en Madrid —casi 2.000 euros al mes—, siendo en Jaén de 630 euros mensuales, ello con las diferencias ya señaladas de unas zonas u otras de las respectivas ciudades (Recuerden que el salario mínimo —SMI— es de 1.221 euros/mes).
La vivienda se ha convertido en un problema de primera magnitud, hasta el punto de haber provocado la caída del gobierno y la disolución de las Cortes Generales, tras el rechazo del Congreso el pasado 2 de octubre a dos Reales Decretos que pretendían dar un frenazo a los desahucios y atemperar la especulación que nos ha llevado a la situación actual. ¿Tiene solución el problema de la vivienda? En mi opinión no se trata solo de proteger la demanda —limitar el precio del alquiler, prolongar su duración, bajar la fiscalidad, perseguir a los “fondos buitres” o castigar a los pisos turísticos—; instrumentos que, con mayor o menor eficiencia, no dejan de ser medidas parciales e insuficientes. La solución está en reforzar la oferta, mediante la movilización de suelo, agilización de las licencias, aumento del parque público y social, particularmente de viviendas de protección oficial (VPO), ya sean en venta o en alquiler, de promoción pública o privada. La oferta de este tipo de viviendas es raquítica en España. Consiguientemente, solo con el incremento exponencial de su oferta, principalmente con las de promoción pública, podrá resolver el que hoy es el principal problema de las familias españolas. Es ineludible, asimismo, que estas viviendas sociales nunca pasen al mercado libre, sino que permanezcan toda su “vida útil” en el sistema (En 2030 habrán perdido la protección más de la mitad del millón y medio de VPO construidas desde 1991). ¡Así, tampoco!